El gobierno de Perú decidió defender el programa de esterilizaciones forzadas de los años 90, en el juicio que se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la ligadura de trompas y muerte de Celia Ramos Durand, ocurridas en 1997.
Esta defensa resultó escandalosa a la luz de los hechos dolorosos que desgranaron testigos, representantes legales y peritos en más de ocho horas de audiencia, el 22 de mayo, en Ciudad de Guatemala.
En 2010, después de muchos años de impunidad, las tres hijas de Celia llevaron el caso al sistema interamericano y lograron que la Corte abriera en 2023 el primer juicio internacional por las esterilizaciones forzadas de Perú.