Con una sola ley, el gobierno de Perú lanzó un ataque sin precedentes al periodismo independiente y a las organizaciones sin fines de lucro que defienden derechos y reciben fondos internacionales.
La ley 32.301, aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 15 de abril, hace imposible que personas o comunidades que son víctimas por acción u omisión del Estado busquen justicia si la asistencia legal es financiada por fundaciones extranjeras o por asociaciones civiles peruanas que reciben tales fondos.
La ley también establece la censura previa, prohibida por la Constitución, porque requiere que todo medio que cuente con financiación del exterior obtenga aprobación del gobierno antes de realizar su trabajo.
