En la misma semana en que Luiz Inácio Lula da Silva aterrizaba en Dubai a la cabeza de la delegación más numerosa de la COP28, el presidente anunciaba la adhesión de Brasil a la OPEP+. El intento de Lula de posicionarse como líder global en la lucha contra el cambio climático, lo que implica abandonar la dependencia de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, alinearse con los países exportadores de petróleo, pone de manifiesto los grandes obstáculos y contradicciones que presenta esta lucha por controlar las emisiones que están llevando al planeta a una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad, manteniendo a la vez la economía en crecimiento.
La enorme desigualdad que empobrece a las poblaciones de América Latina, cuya riqueza natural y ecosistemas únicos la convierten en un actor importante en la carrera por mitigar los efectos del calentamiento global, está intrínsecamente ligada al modelo colonial de explotación y exportación de sus recursos naturales. El extractivismo en la región, un proceso que comenzó en Brasil hace más de 500 años con el ciclo de la explotación de la madera del árbol Brasil iniciado en 1502, ha dejado como principal legado economías basadas en esta misma vocación, promoviendo una concentración de la riqueza que, en ausencia de un verdadero pacto fiscal, convierte a América Latina en la región más desigual del mundo.
Esta dicotomía ha configurado el panorama sociopolítico de la región, dando lugar a un poderoso movimiento de izquierdas caracterizado por gobiernos que han aprovechado el boom de las materias primas de principios de siglo para combatir la pobreza, mejorando la vida de millones de sus ciudadanos. Durante su primer gobierno (2003-2011), Lula, uno de los exponentes de esta Marea Rosa, sacó al menos a 20 millones de brasileños de la pobreza a través de programas sociales, que fueron posibles en parte gracias al crecimiento económico.
