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La pobreza es la privación de un bien-estar, es no tener una vivienda digna donde refugiarse, estar enfermo y no recibir los cuidados necesarios, trabajar en condiciones insalubres, no tener la oportunidad de ir a la escuela, entre otras muchas situaciones. Esto marca un alto nivel de vulnerabilidad frente a la garantía de derechos fundamentales. De manera particular, en América Latina y el Caribe, la pobreza tiende a estar íntimamente relacionado con la discriminación y la desigualdad. Es por esto que, toda política de reducción de pobreza en la región debe reconocer estos fenómenos y plantear acciones positivas para contrarrestarlos y no mantenerse neutral ante los mismos.
La pobreza es causa y consecuencia de violaciones de derechos humanos. Las personas empobrecidas están expuestas a que sus derechos sean frecuentemente desconocidos. Por lo general se enfrentan a un círculo de estigmatización, segregación y discriminación que compromete las garantías de sus derechos a la igualdad y a la vida digna. Del mismo modo, las personas históricamente discriminadas tienden a estar sobrerrepresentadas en el grupo de personas con menores ingresos. Esto, por cuanto las dinámicas de la pobreza también están mediadas por factores de discriminación que influyen en la exclusión de las mujeres, de afros, indígenas, personas con discapacidad, LGBT, entre otros. Ello determina dos cosas: i) que las personas que pertenecen a grupos minoritarios tengan mayor probabilidad de caer en círculos de pobreza y; ii) que existe una mayor desprotección de los derechos de los grupos minoritarios que viven en la pobreza.
