En España, desde al menos la década de 1990, la explotación de los trabajadores inmigrantes forma parte de las políticas de empleo. En ningún lugar queda esto más claro que en su emblemático programa de trabajadores temporeros GECCO (Gestión Colectiva de la Contratación en Origen).
Concebido como una forma de reponer la menguante mano de obra agrícola española en el cambio de milenio, el GECCO permite a los empresarios contratar temporalmente a trabajadores inmigrantes directamente en los países de origen. En 2022, se concedieron visados a 18.565 personas de cinco países distintos. El grupo más numeroso fue el de las mujeres marroquíes, que representaron más del 90% del total.
Entre las personas empleadas en el marco del plan, son habituales las denuncias de malos tratos y explotación en el lugar de trabajo. Aunque las experiencias varían, sus relatos revelan que el maltrato de las mujeres que emigran por trabajo es un problema sistémico dentro del GECCO que aún no se ha reconocido plenamente y, mucho menos, abordado.
