Activistas, defensores de derechos, políticos y organizaciones de todo el mundo siguen consternados tras la noticia del asesinato de Marielle Franco, una de las primeras mujeres pobres, negras, activistas LGBTI en acceder a un cargo público de relevancia en Brasil al ser elegida concejala en Río de Janeiro. Fue el pasado 14 de marzo del 2018, una fecha que permanecerá marcada en el calendario de la infamia en Brasil.
Marielle fue tiroteada desde un vehículo cuando circulaba con su auto, y murió en el acto, junto a su conductor. Este crimen conmocionó al mundo, y un año después sigue sin resolver. Con el lento avance de la investigación una cosa ha quedado clara: el asesinato de Marielle fue un acto concertado, planeado y ejecutado con precisión profesional. Los indicios apuntan a que las balas utilizadas fueron del tipo de las que usa la policía, y todo indica que fue un crimen político en el que el Estado brasileño pudo estar de alguna manera involucrado.
El legado de Marielle representa una encrucijada para los activistas y defensores de derechos humanos que durante años en muchos países de la región han sido acallados sistemáticamente por oponerse a intereses económicos y políticos. Su muerte pone de relieve la importancia y la inmensa dificultad de la lucha de las mujeres negras, de los activistas, de los defensores de derechos que se enfrentan día a día a situaciones de riesgo, amenazas y violencia de todo tipo, cuyos agresores siguen amparados por una absoluta impunidad.
