Se publicó una versión más extensa de este artículo originalmente en el número 22 de la revista Sur, producida por Conectas, que puede encontrarse aquí.
Decir que el espacio cívico se está reduciendo en todo el planeta ya es casi algo anticuado, por deprimente que suene. No cabe duda de que durante la última década una oleada sin precedente de prácticas y leyes represivas se ha extendido a través del mundo, todas ellas diseñadas para evitar que la gente se organice, alce la voz y ejerza sus derechos y responsabilidades democráticos. Pero ya hace mucho que pasó el momento de hablar de “reducción” en presente o en futuro. Los datos del Centro Internacional para la Ley Sin Fines de Lucro (International Centre for Not-for-Profit Law, ICNL) indican que, entre 2004 y 2010, más de cincuenta países consideraron o aprobaron medidas restrictivas para la sociedad civil. En muchos lugares, el hecho está consumado. Ya no queda mucho espacio por quitar.
Lo que es quizás más deprimente es el hecho de que muchas de nuestras herramientas tradicionales para combatir esta tendencia ya no funcionan tan bien. La presentación de informes, la documentación, la presión del público, la elaboración de directrices y recomendaciones: ninguna de ellas ha resultado particularmente eficaz para revertir el movimiento hacia la represión. Así lo siento actualmente en mis labores como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Mis deberes incluyen tanto un componente de seguimiento e información (nombrar y avergonzar, podríamos decir) como uno de asistencia técnica, que implica trabajar tras bambalinas para ayudar a los Estados a mejorar su aplicación de las normas de derechos humanos. Es evidente que a algunos gobiernos no los motiva ninguno de esos enfoques. A estas alturas, montar una resistencia real y reforzar las medidas de aplicación requerirá más creatividad, innovación y una multiplicidad de enfoques.
