El pasado 16 de agosto, el gobierno de Nicaragua confiscó de forma arbitraria las propiedades y los bienes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), además de criminalizarla con infundadas acusaciones de funcionar como un “centro de actos terroristas”.
Se trata de un acto de extrema intolerancia y violencia política hacia la Compañía de Jesús y la comunidad universitaria; actores que históricamente han acompañado y apoyado a las víctimas de la violencia estructural en sus luchas contra la desigualdad, el abuso de poder y la represión estatal del actual régimen autocrático.
En 63 años, la UCA ha demostrado, en las distintas coyunturas históricas del país, que es posible ofrecer educación superior de calidad a todos los sectores de la población, orientada a contribuir a la creación de un modelo de desarrollo verdaderamente humano y sostenible. Y esto, a pesar de que el régimen había recortado 240 millones de córdobas, en los últimos cuatro años, y la había expulsado del beneficio de los fondos del 6% procedentes del presupuesto general de república, como una acción de represalia y un intento fallido de asfixiarla económicamente, desde marzo de 2022 al aprobar la reforma de la Ley 89.
