Después de la detención, este fin de semana, del quinto precandidato presidencial en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al presidente Daniel Ortega para detener la persecución a periodistas y políticos de la oposición. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe de actualización sobre la situación de Nicaragua. A menos de cinco meses de las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre, Bachelet demandó la liberación inmediata de los opositores detenidos, pero el gobierno de Ortega ignoró la demanda.
La organización Humans Rights Watch, HRW, visitó el país recientemente y publicó un reporte de 37 páginas en el que advierte que en la situación actual hay “obstáculos enormes y probablemente infranqueables” para ejercer derechos de libertad de expresión, reunión, asociación y de voto. Un plan urdido por Ortega y su red para despejar cualquier obstáculo que pudiera oponerse a su reelección, por cuarta vez consecutiva.
También se manifestaron gobiernos vecinos, el parlamento europeo y la Organización de Estados Americanos, OEA. Aunque en un primer momento los gobiernos México y Argentina se desmarcaron de la OEA alegando su intención de mediar pero creando un cierto desconcierto diplomático, al final han acabado retirando sus embajadores en Managua como medida de presión y de protesta. La semana pasada, la administración Biden emitió sanciones contra cuatro personas, incluyendo la hija de Ortega, Camila Ortega.
