En esta foto de archivo del 24 de Marzo del 2011, unos manifestantes sostienen carteles con la foto del asesinado Monseñor Oscar Romero, en el 31 aniversario de su muerte en San Salvador, El Salvador.(AP Photo/Luis Romero.Archivo) Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador califican la ley de 1993 de inconstitucional por ser "contraria al derecho al acceso a la Justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales". Al tiempo argumentan que esa amnistía violenta el "derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario".
La Sala anula la ley porque viola dos artículos de la Constitución de El Salvador que están vinculados a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
Para Belarmino Jaime, magistrado con voto de minoría, la amnistía fue el precio que se pagó para terminar el conflicto armado. La sentencia de sus colegas reabre -dice- el enjuiciamiento de los 32 casos consignados en el informe de la Comisión de la Verdad inobservando los principios de juridicidad, irretroactividad de las leyes, seguridad jurídica y la prohibición de doble juzgamiento. Jaime considera que los cuatro magistrados exceden los límites de la competencia dada a la Sala por la misma Constitución.
