Durante la primera semana de octubre las carreteras, caminos y calles de Guatemala se inundaron de personas excluidas de la democracia, que exigen que los resultados de las pasadas elecciones presidenciales sean respetados. El detonante fue la instrumentación de órganos estatales de control para evitar la transmisión del mando presidencial que, en enero 2024 el presidente electo Bernardo Arévalo debería asumir formalmente.
Políticos, empresarios, funcionarios públicos y aparatos criminales agrupados en redes ilícitas de corrupción y descomposición institucional, rechazan el cambio de gobierno, pretenden evitar las transformaciones de corte democrático con respaldo popular, encabezadas por el gobierno progresista que representa Bernardo Arévalo, cuyo triunfo electoral estuvo fuera de todo cálculo racional, y que significa una amenaza para quienes gozan de impunidad y de las cuotas de acumulación de capital que se genera en la riqueza socialmente producida y en fuentes no convencionales.
Siete décadas de gobiernos corruptos han garantizado la continuidad del statu quo mediante vías lícitas, ilícitas o extralegales. Aquí es donde radica el fondo de la reivindicación de la democracia y en contra de la corrupción, de las protestas sociales de los últimos días.
