Mi nombre es Ramón Torres. Soy presidente de la unión independiente Familias Unidas por la Justicia en el estado de Washington.
Penelope Kyritis (oD): ¿Puede hablarnos sobre cómo la unión trata con casos de discriminación sexual y violencia de género en el trabajo?
Ramón: Como la unión apenas la formamos, hace tres o cuatro años, la única opción que hemos tenido ha sido llevar casos a la corte. Después de las huelgas que hicimos para lograr un contrato de unión, tuvimos muchísimos casos de mujeres que sufrieron abusos. No había una forma de resolver los problemas directamente con la compañía. Nuestra única opción fue buscar abogados y llevar los casos a corte, y ganamos.
Penelope (oD): ¿Puede hablar de los problemas que hubo con la seguridad privada?
Ramón: La compañía, Sakuma Brothers Farms, contrató seguridad privada de California. Esta seguridad privada lo que hacía era chequear las mujeres en las regaderas. Tenemos alrededor de unas 12 regaderas juntas que están separadas de las cabinas, y todas las mujeres tienen que ir a bañarse allí. Estos señores usaban su privilegio para entrar a las regaderas a ver que estaban haciendo las mujeres. Era un abuso muy grande, así que tuvimos que ir a la corte, y ganamos. Pudimos hacer que la compañía removiera a toda esa gente de seguridad que estaba violando los derechos de las mujeres.

Hector y Ramón de "Familias Unidas por la Justicia". National Farm Worker Industry/Flickr. (CC BY-NC 2.0)
Penelope (oD): ¿Qué recursos tienen estas mujeres para reportar abusos?
Ramón: Bueno, antes no teníamos. Ahorita, gracias a Dios, tenemos la unión. El contrato de unión nos da un camino más amplio a tratar con asuntos más relacionados a abusos, especialmente contra las mujeres. También han habido casos de abuso contra hombres, pero se han dado más contra las mujeres.
Penelope (oD): ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar a esas mujeres y a los trabajadores de este sector en general?
Ramón: Deberían poner más atención en las mujeres inmigrantes, porque son las que sufren mayor abuso. Hay un abuso diario, porque somos migrantes y tenemos miedo. Si vamos y presentamos una queja, lo primero que sabemos es que esas personas nos pueden reportar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés). Nosotros tenemos familias. Deberíamos pedirle al gobierno que determine unos derechos más razonables y justos para la gente inmigrante. En nuestro caso tenemos a muchísima gente indígena, que ni siquiera hablan español. Estos abusos son muy comunes, y el gobierno debería poner más atención a a como abusan a nuestra gente y tratar de hacer algo.
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