Monumento conmemorativo de la masacre de El Mozote, Morazán, El Salvador. Dominio Público.
En septiembre de 2016, tras 35 años de implacable lucha, los y las defensoras de derechos humanos en El Salvador alcanzaron una nueva victoria por la verdad y la justicia con la reapertura del caso El Mozote por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera. La investigación judicial se cerró en 1993, poco después de que la Ley de Amnistía General fuese aprobada por el parlamento nacional. No fue hasta el año pasado, en julio de 2016, que el Tribunal Constitucional de El Salvador declaró la Ley de Amnistía General inconstitucional, abriendo el camino a la justicia por los crímenes de guerra cometidos en el país. El Mozote es el primer caso en reabrirse relacionado con los crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1979 - 1992).
La guerra civil en El Salvador enfrentó al gobierno militar y la guerrilla de izquierda por más de 12 años y resultó en aproximadamente 75.000 muertes y 8.000 desaparecidos. La brutal masacre que tuvo lugar en El Mozote es considerada la peor atrocidad cometida durante la guerra. El 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, el ejército salvadoreño atacó varios pueblos del noreste del país. Los soldados detuvieron a toda la población, torturaron y violaron a cientos, y asesinaron entre 900 y 1.200 civiles, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Es un caso emblemático de los ataques que la población civil sufrió a manos de los militares durante la guerra. Poco después de que la Ley de Amnistía General fuese declarada inconstitucional en julio de 2016, defensoras/es de derechos humanos, supervivientes y familiares de las víctimas presentaron una solicitud para reabrir el caso. Dieciocho oficiales militares de alto rango (tres de ellos fallecidos) fueron imputados, entre ellos el ex ministro de Defensa, el general José Guillermo García, el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Rafael Flores Lima, y el ex comandante de la 3ª Brigada de Infantería, Coronel Jaime Flores Grijalva. Se les acusa de delitos que incluyen asesinato, violación agravada, desapariciones forzadas, actos de terrorismo, robo y daños agravados, en virtud del Código Penal de 1973, en vigor en el momento de los hechos.
