El viernes 30 de junio, día en el que Jair Bolsonaro fue inhabilitado políticamente por ocho años, las redes sociales se llenaron de memes conmemorativos. La palabra sextou, que hace referencia al espíritu de fin de semana de la sexta-feira (viernes en portugués), flotaba sobre imágenes festivas o de montajes con un Bolsonaro humillado.
La condena del Tribunal Superior Electoral (TSE) contra el expresidente parecía la consecuencia lógica del clima de restauración democrática que sucedió a los ataques golpistas del 8 de enero. Paradójicamente, aquella jornada fatídica para la democracia brasileña ha facilitado la contundencia de los tres poderes. Lula destituyó a altos cargos del ejército y de los servicios de inteligencia. A mediados de septiembre, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a 17 años de cárcel al primer acusado del 8 de enero, confirmando la línea dura de la justicia contra los actos golpistas. Por su parte, el Congreso aprobó el procesamiento criminal de Jair Bolsonaro, militares afines y ex ministros.
La impunidad de la que gozó Jair Bolsonaro mientras gobernó el país se terminó. Además, su popularidad está mermada por múltiples casos de corrupción, especialmente el escándalo de apropiación de las joyas regaladas por jeques saudíes. Bolsonaro, que apenas se vio afectado por los procesos contra su gestión de la pandemia, ha acusado el golpe por de haber sustraído joyas pertenecientes al Estado brasileño. El rodillo judicial acorrala a su familia, incluida a su mujer Michelle. Y ha empujado a Mauro Cid, el teniente coronel que estaba a su servicio, a firmar un acuerdo de colaboración con la Policía Federal (PF) a cambio de reducción de pena. Las declaraciones de Cid involucran directamente a Bolsonaro en la redacción de un documento de golpe de Estado, algo que complica aún más el futuro del ex mandatario.
