Recientemente, el Tribunal Supremo del Reino Unido descartó una demanda presentada por dos comunidades empobrecidas en el delta del Níger contra la gigante petrolera Shell. Este es un duro golpe para las comunidades en su lucha por la justicia tras años de sufrir devastadores derrames de petróleo.
Pero el fallo también tiene implicaciones más amplias para la rendición de cuentas corporativa, ya que hace que resulte más difícil entablar causas judiciales posteriores contra las empresas británicas que violan los derechos humanos en otros países. Como tal, el dictamen está en el núcleo de una situación en la que las corporaciones multinacionales gozan de una impunidad que contrasta marcadamente con sus enormes ganancias y poder. Demuestra una vez más la necesidad de implementar reformas legales que realmente ayuden a que las víctimas de los abusos de las empresas tengan un mejor acceso a los tribunales en las jurisdicciones en las que tienen su sede las grandes corporaciones (el país “de origen”).
La realidad es que las personas siguen sufriendo los abusos de las empresas que operan a través de las fronteras pero casi nunca se aplican remedios significativos. La realidad es que las personas siguen sufriendo los abusos de las empresas que operan a través de las fronteras, particularmente en los países en vías de desarrollo, pero casi nunca se aplican remedios significativos. Imaginemos a la mujer nigeriana que una mañana despierta y descubre que la ribera en la que solía recolectar moluscos está cubierta de petróleo negro y pegajoso. Petróleo que nunca se limpia adecuadamente y que sigue filtrándose al agua y a la tierra durante años, a veces décadas, destruyendo su medio de subsistencia y su fuente de alimentación, y poniendo en riesgo su salud.
