El Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Venezuela ha generado numerosos debates sobre la situación de los derechos civiles y políticos en el país. Uno de los tantos aportes del informe auspiciado por la ex mandataria chilena Michelle Bachelet es la presentación de las cifras oficiales de homicidios y muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado para el año 2018, que hasta ahora eran desconocidas.
El gobierno venezolano informó un total de 10.598 homicidios durante el año 2018. Esta cifra, al igual que la de 2017, no incluye los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado (considerados como «resistencia a la autoridad»).Esta exclusión trae como consecuencia que la cifra de homicidios presentada sea un tercio menor de la total. Omitir las muertes en manos de las fuerzas de seguridad no solamente es un maquillaje de las cifras totales, es también un ocultamiento y una naturalización de graves violaciones a los derechos humanos. Cuando se incorporan a la cuenta las muertes que resultan de la intervención de las fuerzas de seguridad estatales, que suman 5.287, el total de homicidios según estas cifras oficiales asciende a 15.885.
Tal como se ha explicado en otras oportunidades y lo ratifica el citado informe, la tendencia general de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante los últimos años es de un claro incremento. Según las cifras oficiales proporcionadas por el propio gobierno a la ACNUDH, en 2018 el 33% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de la fuerza pública. Se trata de la vida de 5.287 jóvenes venezolanos, racializados, pertenecientes a las es, muertos a manos de funcionarios que ejercen labores policiales, es decir, que en Venezuela cada día mueren 15 jóvenes a manos de los «agentes del orden».
