Como extranjeros que usualmente llegan de manera irregular y no planificada, los refugiados pueden presentar verdaderos desafíos para las comunidades y países de acogida y de tránsito. Además, su mera existencia a menudo representa una crítica implícita del país del que huyeron. En general, entonces, los refugiados son algo así como una papa caliente en términos políticos. Por otra parte, las situaciones de refugiados tienen el potencial de producir grandes controversias a nivel local, nacional, regional e internacional, con una variedad de diferentes actores (incluidos los mismos refugiados) que persiguen intereses que a menudo son fundamentalmente incompatibles.
Ante este contexto poco prometedor, no es de extrañar que el régimen de refugiados moderno sea objeto de críticas frecuentes. Ya en la década de 1940, los Estados soviéticos se opusieron al régimen de refugiados de la ONU, por temor a que pudiera impedir que los supuestos “traidores” entre las poblaciones de refugiados en Europa fueran devueltos a la URSS para enfrentarse a la “justicia”. Desde entonces, los responsables políticos y los activistas han exigido de manera constante una “reforma” de la Convención de 1951 por razones que van desde la oposición al principio de protección de los refugiados hasta la consternación porque este principio no se ha aplicado plenamente.
Sin embargo, como muestran muchos de los excelentes artículos publicados en este foro, el régimen de refugiados se extiende mucho más allá de la Convención de 1951 para abarcar una gama de normas, políticas, instituciones y actores adicionales. Al considerar la reforma de este régimen más amplio, podría resultar útil adoptar una visión de contexto más amplia sobre el derecho y la política involucrados.
