El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de Uruguay desmanteló en 2023, sin explicaciones, su servicio de atención a víctimas de trata sexual, un delito que se denuncia y se persigue poco. La asistencia se retomó un año y medio después, pero asignada a manos inexpertas.
La atención estaba a cargo de la ONG de derechos humanos El Paso, cuyas integrantes se dedicaban desde 2008 a la asistencia y acompañamiento de sobrevivientes de distintas violencias, incluida la trata. Inmujeres decidió no continuar el acuerdo con esta asociación, que cesó en noviembre de 2023, y estructurar una atención basada en equipos propios. Pero el asunto no funcionó.
Varios llamados públicos para contratar personal quedaron desiertos, y el Inmujeres terminó tercerizando otra vez el servicio, esta vez en una ONG recién fundada y con escasa experiencia. El nuevo servicio comenzó a funcionar hace apenas tres meses, ya bajo el nuevo gobierno que asumió en marzo.