Venezuela atraviesa un colapso general de los servicios públicos, que se suma al problema de la hiperinflación, la precarización de los salarios y las condiciones de vida en general. Este contexto ha motivado protestas frecuentes en las comunidades y sectores que son afectados diariamente por la falta de agua, gas, electricidad o gasolina, situación que se vive en la mayoría de las localidades del país.
El ambiente de precariedad de la población parece llegar a límites inaguantables, y la protesta, aún sin la capacidad de articular demandas sociales o políticas, se convierte en un mecanismo más de supervivencia más que en una herramienta para exigir derechos.
La crisis política y social que se ha instalado en el país, tuvo varios picos de conflictividad en 2016 y 2017, sin embargo a medida que el gobierno logró sobreponerse a la presión, se profundizaron los procesos de fragmentación social. Las organizaciones que articulan sindicatos, gremios, asociaciones vecinales/comunitarias, estudiantes, etc., se han debilitado tanto como las mismas condiciones de vida de la población.
