Si explicar un chiste no tiene gracia, tener que rectificarlo es una desgracia. Mucho más para un sátiro profesional como Bonil, el popular caricaturista ecuatoriano. Cuando los gobernantes y las leyes no toleran el humor, los chistes pueden salir caros.
El 9 de febrero de este año, Xavier Bonilla, también conocido como Bonil, compareció ante la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) de Ecuador, para responder por una caricatura que publicó en agosto pasado en el diario El Universo. El dibujo se mofaba de Agustín Delgado —parlamentario correísta y exjugador de la selección nacional de fútbol—, por trastabillar al leer un discurso ante la Asamblea Nacional y las cámaras de televisión.
No es la primera vez que la Supercom va tras Bonil. Hace un año, el caricaturista y su diario fueron multados por US$90.000 y obligados a rectificar por una viñeta que satirizaba el allanamiento de las oficinas de un miembro de la oposición política que había hecho denuncias de corrupción contra el Gobierno. Según la Supercom, la caricatura “no corresponde a la realidad” y “estigmatiza la acción” de quienes aparecen en ella (los policías y fiscales que hicieron el allanamiento). Dijo lo obvio, porque en eso consiste una caricatura. Si correspondiera a la realidad —si no la distorsionara, la exagerara o la invirtiera— sería un retrato. Si no estigmatizara la conducta humana —si no la cuestionara con agudeza y humor— nada la justificaría, porque nada la distinguiría de la noticia.
