Un mundo en el que el 1 % más rico posee el 48 % de la riqueza mundial, y en el que este desequilibrio continúa acelerándose, es indecente. La desigualdad radical sostiene inevitablemente a la pobreza extrema, del mismo modo en que sostiene a la riqueza extrema. Y la pobreza extrema se puede definir mejor como una condición en la que la gran mayoría de los derechos humanos no tiene posibilidad alguna de hacerse realidad. En otras palabras, la desigualdad no es solamente una cuestión económica, sino también una de derechos humanos.
Algunos actores económicos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han comenzado a hablar sobre las consecuencias económicas negativas de tales desigualdades. Sin embargo, no es casualidad que estas sean las mismas organizaciones que resisten con firmeza las políticas que incorporarían los derechos humanos a sus políticas y programas. Por supuesto, la culpa no es realmente de las organizaciones en sí, sino de los gobiernos que las controlan. Es revelador que, cuando se plantean cuestiones económicas y financieras en el Consejo de Derechos Humanos, invariablemente alguien argumenta que ese no es el foro adecuado y que esos asuntos deben tratarse en otros lugares. Y cuando se hacen esfuerzos por hablar de derechos humanos en los foros económicos, los mismos gobiernos insisten en que esas cuestiones se deben abordar en el Consejo de Derechos Humanos. En otras palabras, buscan colocar en compartimentos separados cuestiones que están profundamente entrelazadas.
La extrema desigualdad también debe verse como un motivo de vergüenza para el movimiento internacional de derechos humanos. La extrema desigualdad también debe verse como un motivo de vergüenza para el movimiento internacional de derechos humanos. Así como las instituciones económicas mundiales han eludido los derechos humanos, las agrupaciones principales de derechos humanos también han evitado abordar los aspectos económicos de los derechos. Sin embargo, no se deben confundir estas decisiones institucionales sesgadas y contraproducentes con la estructura real del derecho de los derechos humanos. Es una absoluta insensatez afirmar, como lo hace Samuel Moyn, que “incluso los derechos humanos perfectamente implementados son compatibles con […] la desigualdad radical”, o que los derechos humanos “no tienen nada que decir acerca de la desigualdad”.
