El uso de aeronaves no tripuladas, también conocidas como drones, en las operaciones estadounidenses contra el terrorismo se ha convertido en una “característica fundamental de la política exterior del régimen”. A finales de 2014, los EE. UU. celebraron un hito al conducir su ataque con drones número quinientos dirigido a sospechosos de terrorismo en Pakistán, Yemen y Somalia.
El uso cada vez más frecuente de drones para atacar militantes ha generado una condena generalizada a lo largo del mundo. También ha suscitado considerable controversia dentro de los EE. UU. Las discusiones recientes se han centrado principalmente en dos conjuntos de preguntas: 1) la eficacia de los drones para eliminar amenazas de terrorismo; y 2) la legitimidad de los ataques conforme al derecho internacional. Los partidarios dentro del país señalan que los drones son eficaces para alterar las redes de terroristas y congruentes con los principios legales de defensa propia y necesidad militar. Los críticos responden que los ataques producen agravios de los cuales surgen más terroristas de los que eliminan, y que representan violaciones fundamentales del derecho internacional ya que violan la soberanía de otros países mientras que dañan a innumerables integrantes de la población civil. Tanto los detractores como los partidarios han buscado influir directamente en el público estadounidenses al plantear estos argumentos opuestos en el mercado de ideas.
