En 1992, Argentina tenía una proporción de pobres de 30%. El país llevaba menos de una década de recuperación de la democracia y en esos nueve años ya había pasado una crisis de hiperinflación.
Hubo momentos en que la pobreza se redujo a 28, 27, 26%. También pasó al 60% con el desplome económico y social de 2001-2002. Pero la mayor parte de los 43 años transcurridos en democracia, el índice estuvo arriba de 30%, con frecuentes subidas a 40% y más.
Se trata de una tragedia estructural, que es inherente a cómo existe y funciona la Argentina.
En 2024, primer año del gobierno de Javier Milei, se llegó a 52,9%. Ahora sabemos que en el segundo semestre del año pasado, hubo una caída marcada, hasta 28,2%, en buena medida atribuida al freno de la inflación.
Pero cualquiera que viva en Argentina sabe que esta cifra oculta más de lo que revela.
En general, los gobiernos de turno muestran poco entusiasmo en mejorar las herramientas para conocer y medir las dimensiones de las carencias y vulnerabilidades que afectan a una parte muy importante de la población.
En 2007, se decidió una intervención política del órgano estadístico INDEC, que duró hasta 2015. En esos años se manipularon las cifras de inflación, y eso, lógicamente, alteró las mediciones de pobreza.
La cosa se puso tan fea que el INDEC dejó de publicar el índice de pobreza en 2013. Solo en 2016 volvió a haber mediciones profesionales e independientes.
Pero esto no garantiza que lo que se mide refleje de la manera más transparente la realidad.
En Argentina, Chile y Uruguay hace ya tiempo se veía la necesidad de actualizar la estructura y composición de las canastas de bienes y servicios, cuyos costos determinan los índices de pobreza y de indigencia por ingresos y que reflejaban realidades de consumo de hace 20 o 30 años.
Uruguay lo hizo en 2025. Y eso implicó reconocer que, bajo el nuevo método, la pobreza ya no medía 8,3%, sino 17,3%, más del doble.
Chile aplicó una actualización similar, y amaneció este año con un índice de 17,3%, menor que la última medición con el método viejo, que en 2022 había arrojado una pobreza de 22,5%.
Argentina está lejos de un sinceramiento parecido, y de cualquier intento de mejora metodológica.
Al contrario, el artículo de Florence Evans que publicamos en esta edición expone cómo las políticas de Milei han asfixiado o destruido dispositivos que ayudaban a hacer visible la pobreza y otras formas de sufrimiento social, “convirtiendo el hambre, la violencia y la precariedad en hechos concretos, cuantificables y políticamente organizados”.
Florence Evans
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Diana Cariboni
Editora de América Latina
