“Fazenda Deni”, propietario: Edilson Pereira Duarte; “Fazenda Mato Grosso”, propietario: Vanderlei Martins de Oliveira. Impresos en placa metálica sobre la bandera brasileña, así rezan dos carteles, clavados en sendos árboles a ambos lados de la pista que lleva a la aldea Kapot, en la Tierra Indígena Capoto, Jarina, al norte del estado brasileño de Mato Grosso, marcando los límites de estas dos haciendas.

Con esta advertencia, los propietarios subrayan un mensaje claro: esta rica tierra de la Amazonía del Brasil es propiedad privada y sus dueños dispondrán de ella como mejor les convenga. Es decir, muy probablemente podrían deforestarla para hacer avanzar las ya gigantescas plantaciones de soja o maíz que avanzan sin freno sobre estos bosques tropicales. De hecho, basta volar un dron con cierta pericia para descubrir que una parcela del terreno ya está siendo talada.

En el estado de Mato Grosso, la soja ocupa unos 9,8 millones de hectáreas sembradas y el maíz unos 5,1 millones, una superficie que equivale a la mitad de un país como Bélgica, según los datos de 2021. Estas plantaciones, junto a los pastos para el ganado vacuno, ya rodean amenazadoramente este y otros muchos territorios indígenas en la Amazonía brasileña, en un fenómeno conocido como la “expansión de la frontera agropecuaria”.

De hecho, las exportaciones brasileñas de maíz alcanzaron las 323.600 toneladas diarias durante la segunda semana de agosto de este año, mientras que las de soja fueron de 307.080 durante el mismo periodo, según la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), lo que convierte al país en el mayor productor mundial de esta legumbre rica en proteínas.

Las cifras son enormes. En Brasil, el sector del agronegocio tiene un enorme músculo político en el congreso de los diputados y apoya prácticamente sin fisuras las políticas agresivas con los derechos de los pueblos indígenas que aplica y defiende el actual presidente Jair Bolsonaro.

El cerco es tal que la única pista que da acceso a la aldea Kapot, es un camino estrecho, a veces polvoriento, otras peligrosamente resbaladizo, que atraviesa estos infinitos campos de cultivo. Ya muy cerca del territorio indígena, está cortada por una barrera. Para avanzar, es necesario descender del vehículo para abrirla y luego cerrarla, lo que se hace con toda normalidad cuando, en buena ley, el acceso al territorio indígena debería ser libre y sin obstáculos.

Pero estas plantaciones no son la única amenaza. Varios kilómetros al interior del territorio, Betikre Tapayuna Metuktire, comunicador y uno de los activistas de la aldea Kapot, indica un área que fue, hace algún tiempo, invadida para iniciar una explotación de oro. Fue un “garimpeiro [persona que extrae oro ilegalmente] antiguo llamado Marcio”, aclara Metuktire. “Aquí hay mucho oro, muchos minerales, y nuestra preocupación es una nueva invasión, un nuevo garimpeiro que entre aquí buscando nuestros minerales. Pero nosotros, los jóvenes, estamos aquí para defender nuestra tierra y no permitiremos la entrada de uno nuevo”, dice con determinación.

Metuktire forma parte de una nueva generación de indígenas decididos a defender el territorio a través de la participación política. Como muchos de sus pares indígenas en otras aldeas, se ha apropiado de la tecnología “de los blancos” para contribuir a la defensa de su tierra. Metuktire, que fue capacitado por el Instituto Socio Ambiental (ISA) en el uso de tecnología de monitoreo geográfico, muestra con satisfacción una aplicación descargada en su móvil llamada SOMAI (Sistema de Observación y Monitoramiento de la Amazonía Indígena) que le permite vigilar el territorio y alertar sobre invasiones, deforestación o incendios en los alrededores de su aldea, aunque solo puede hacerlo cuando tiene asegurada la conexión satelital. Y esta, debido a lo remoto de su ubicación y la precariedad de los equipos, no es siempre estable.

Metuktire es solo la cara visible de toda esta aldea remota, que se muestra decidida a no permitir que la presión de las todopoderosas industrias extractivas acabe con su modo de vida ancestral, del cual se sienten muy seguros gracias a que viven en una tierra indígena demarcada legalmente desde hace décadas.

Aun así, ellos son muy conscientes de la amenaza mortal que significa la tesis conocida como “marco temporal”, que es aprovechada por los terratenientes para descalificar los derechos de los pueblos indígenas, en general, y hacer avanzar sus explotaciones agrícolas y seguir apropiándose de los territorios indígenas.

La tesis del “marco temporal” representa una batalla legal en el Tribunal Constitucional brasileño (STF por sus siglas en portugués) que es crucial para la historia de Brasil. Enfrenta a los pueblos indígenas con los intereses de los terratenientes y, en concreto, con el potente sector agropecuario y minero brasileño.

La tesis proporcionó el marco para el fallo del caso Raposa Serra do Sol en 2009, en el estado de Roraima, al norte de la Amazonía brasileña, y autoriza la demarcación de tierras por parte de grupos indígenas solo en el caso de que el grupo afirme que ya poseía esa tierra en el momento de la promulgación de la Constitución Federal brasileña (5 octubre de 1988).

En caso de que ya hubieran sido expulsados de sus tierras, el grupo deberá acreditar que en ese mismo momento estaba pendiente una solicitud de reocupación de la tierra indígena. Presentar esa carga de la prueba resulta prácticamente imposible para la inmensa mayoría de los pueblos originarios.

Hasta el año 1988, los indígenas no tenían entidad jurídica propia porque estaban bajo la tutela de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Por lo tanto, ni siquiera tenían derecho a acceder al poder judicial por medio de su propia representación, por lo que demostrar la propiedad de sus tierras era materialmente imposible.

El “marco temporal”, como criterio oficial para el reconocimiento de la demarcación de las tierras indígenas, hace que “la garantía del derecho fundamental a la protección de las tierras indígenas se haya vuelto contra los propios indígenas y se haya utilizado para justificar la propia violación de este derecho”, según los constitucionalistas Dailor Sartori y Carolina Vestena.

“Varios juristas brasileños evalúan la actual interpretación del artículo 231 de la Constitución como una herramienta para entorpecer o posponer los procesos de demarcación”, agregan.

La batalla jurídica es compleja (el procedimiento ante el STF ha sido pospuesto en varias ocasiones, la última el 21 de junio de este año). La batalla política es más simple.

Según una nota de la propia cámara de los diputados, dando cuenta del debate que se produjo en su seno a raíz de este nuevo aplazamiento sine die de la vista, la indefinición sobre el “marco temporal” abre brecha para perseguir a los líderes indígenas, mientras que “ha dejado a muchos indígenas en estado de vulnerabilidad”, según afirmó la diputada indígena Joenia Wapichana.

Los continuos retrasos en la vista del caso generan serios problemas en relación con los derechos territoriales indígenas, “principalmente suspendiendo la demarcación de tierras indígenas, y ha sido utilizado por el gobierno federal para detener el proceso de demarcación, dejando a muchos pueblos viviendo en situaciones de violencia, amenazas, invasiones territoriales, y de extrema vulnerabilidad social y cultural”, dijo la diputada.

Metuktire, junto a otros líderes de su aldea, ha participado en diversas e importantes movilizaciones indígenas contra la tesis del marco temporal. La más grande tuvo lugar hace un año en Brasilia, cuando 117 grupos indígenas juntaron a más de 6.000 de sus miembros y acamparon en la capital del país, bajo el lema “Lucha por la vida: nuestra historia no empezó en 1988″. El fallo finalmente se aplazó y prolongó la inseguridad de las demarcaciones.

A pesar de su gran diversidad y diferencias, la solidaridad entre los pueblos es grande y la conciencia de que esta es una lucha colectiva no hace más que afianzarse entre ellos. En el caso del pueblo indígena de la aldea Kapot, su cacique, Paotit Metuktire, es muy explícito cuando dice con vehemencia: “Voy a proteger este lugar contra la destrucción del hombre blanco que quiere explotarlo. Aquí no tengo enemigos; sin embargo, estoy contra toda acción que destruya nuestro ambiente”.

La aldea Kapot se constituye en un perímetro de unos 500 metros de diámetro, con una cabaña comunitaria ocupando el centro geográfico, que es el espacio de reunión, consejo y toma de decisiones de sus habitantes.

En una ceremonia ancestral, y con una lanza ritual en la mano, el chamán indígena que, como los demás hombres de la aldea, se ha pintado el cuerpo y la cara de negro para la ocasión, realiza una serie de danzas en las que advierte a los potenciales invasores que la aldea Kapot sabrá defenderse, como ya lo hizo en el pasado.

Betikre Metuktire, que participa en el ritual como uno más, registra con su cámara reflex los distintos episodios de la ceremonia, así como las danzas preliminares que, por separado, han realizado las mujeres y los hombres de la aldea. Una vez terminado el ritual, liderado por un chamán, el cacique Paotit preside una concentración de toda la aldea detrás de una pancarta que reza: “No al marco termporal”.

Este cartel, que fue ulilizado por una delegación de la aldea Kapot cuando viajó al último campamento indígena en Brasilia, demuestra que la fuerza cada vez mayor de la movilización indígena en todo el país alcanza territorios cada vez más remotos y aislados. La concentración concluye con el grito “¡Fora Bolsonaro!” (fuera Bolsonaro), que se ha convertido en un grito de guerra de los pueblos originarios.

Metuktire utilizará las imágenes de la concentración, que graba junto a Pajro Txucarramae, una joven adolescente que trabaja con él como comunicadora, para hacerlas circular entre las redes sociales indígenas. Estas redes y los medios indígenas independientes que alimentan han adquirido, en los últimos años, una relevancia política cada vez mayor, desmintiendo rotundamente los prejuicios que alimentan los terratenientes y sus adláteres políticos e ideológicos que consideran a los “indios” como una raza inferior y retrasada. Nada más que un estorbo. Un impedimento al desarrollo que conlleva la explotación industrial de las tierras indígenas y que hay que erradicar.

“Mucha tierra para tan poco indio”, es lo que declara Bolsonaro que, como prometió en campaña, no ha demarcado ni un centímetro de tierra indígena desde que accedió al poder en enero de 2019, y que se ha dedicado a desmantelar sistemáticamente, desde su gobierno, la política ambientalista e indigenista del país.

Saben que deben continuar monitoreando el perímetro indígena y no bajar la guardia porque, en el contexto bolsonarista, y ante la indefensión completa provocada por el desmantelamiento de las instituciones creadas en el pasado para protegerlos, un descuido puede resultar fatal.

Este reportaje pertenece a la serie Rainforest Defenders, un proyecto de openDemocracy / democraciaAbierta  realizado con el apoyo del Rainforest Journalism Fund del Centro Pulitzer. Fue publicado previamente el El País: léalo aquí.