Shoeshine boy at work during the carnival in Oruro, Bolivia. Linn Bergbrant/Demotix. All Rights Reserved.

En 2014, Evo Morales ganó las elecciones generales de Bolivia de manera abrumadora. Aunque fue una catástrofe para las personas de derecha que defienden el libre mercado, su victoria fue celebrada como un triunfo de la igualdad y la justicia sociales por progresistas de izquierda. Sin embargo, tanto la izquierda como la derecha están de acuerdo en un hecho: condenan de forma inequívoca la ley de trabajo infantil de Morales.

El «Código de la infancia y la adolescencia» tira por la borda décadas de legislación sobre el trabajo infantil. En todo el mundo, y según la Convención sobre la edad mínima de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las niñas y los niños pueden comenzar a trabajar a los 14 años en tareas ligeras. En Bolivia, esa edad se acaba de reducir a los 10 años, siempre y cuando las niñas y los niños sean trabajadores autónomos y vayan a la escuela. Pueden firmar contratos de trabajo —pueden ser contratadas o contratados por otra persona— a los 12 años, siempre y cuando tengan el permiso de sus padres y continúen con su educación. La ley también contiene estipulaciones firmes en cuanto a la protección de las niñas y niños trabajadores, y sanciones severas para las personas empleadoras que no las respeten.

Las críticas han sido atronadoras. El ala política conservadora en Latinoamérica la ha calificado de deshonrosa; UNICEF y la OIT han liderado un llamamiento internacional en su contra; Human Rights Watch ha sido mordaz, la persona responsable de las labores de defensa de los derechos de la infancia afirmó que las nuevas medidas son «contraproducentes» y que pueden «perpetuar la pobreza». Adrian McQuade, ex director de Anti-Slavery International, escribió en The Guardian que «es una vergüenza para todo el mundo» y que representa «el abandono del derecho de las niñas y los niños a preservar su infancia». 

Estas críticas no sorprenden a nadie, pero se equivocan en muchos aspectos. Hay varias razones por las que la ley representa un paso muy progresista en la dirección adecuada:

La primera es que constituye un claro rechazo al enfoque «abolicionista» del trabajo infantil dominante, en favor de una estrategia reguladora más matizada y, en última instancia, efectiva. El enfoque abolicionista pretende sacar inmediata e incondicionalmente a las niñas y niños de lo que la OIT llama las ocupaciones más «peligrosas» e, igualmente, cesar de inmediato cualquier trabajo realizado por menores de 14 años. Sin embargo, el problema con esto es que hay multitud de ejemplos a lo largo de la historia que demuestran que este procedimiento ha empeorado en forma considerable la vida de las niñas y los niños. Esto es debido a que, con demasiada frecuencia, el proceder es apolítico. Personas ajenas a la realidad y cargadas de buenas intenciones llegan y prometen rescatar a las pobres niñas y niños de la explotación, pero prometen hacerlo sin cambiar las condiciones político-económicas que permiten —y crean— esa situación, sino simplemente sacándoles del terreno laboral. El resultado de estos intentos es que esas niñas y niños se ven enseguida envueltos de nuevo en las mismas penurias que les llevaron a buscar trabajo en un principio. Esto generalmente les empuja hacia sectores de economías sumergidas donde acaban enfrentándose a condiciones aún peores.

Lo que la nueva ley de trabajo infantil de Bolivia trata de conseguir es precisamente ofrecer una alternativa a este dogma quijotesco, apoyándose en la premisa de que los niños y niñas trabajan porque son pobres y, hasta que no dejen de serlo, estarán más protegidas si este tipo de trabajos salen de la clandestinidad. Esto comporta la legalización y la regulación, junto con que las autoridades garanticen que las niñas y niños trabajadores reciban la misma protección y los mismos salarios que las plantillas adultas.

La misma lógica pragmática se encuentra en las campañas que buscan la legalización del trabajo sexual. Como con la prostitución legalizada, la evidencia de otros contextos en los que se ha llevado a cabo una práctica más reguladora del trabajo infantil sugiere que ésta es, de largo, la mejor manera de apoyar los intereses de las niñas y niños hasta que exista suficiente voluntad política para que se efectúe una redistribución masiva de los recursos y acabar así con la pobreza. Así pues, es posible que esta ley beneficie a las niñas y niños que trabajan en Bolivia, y como precedente que es, tiene la posibilidad de beneficiar a los del todo el mundo.

Esta Ley además ofrece un ejemplo tangible y real de una alternativa efectiva a la hegemonía del pensamiento abolicionista. Ningún otro país ha rechazado de manera tan categórica la inflexibilidad abolicionista, ni ha aprobado una ley que saque a la luz tan rotundamente la hipocresía de esta moralidad. Condenar el trabajo infantil e ilegalizarlo, mientras no se hace nada para acabar con las estructuras que provocan esa situación significa, al fin y al cabo, no hacer nada por ayudar a estas niñas y niños. Esto solo sirve para aplacar el sentimiento de culpa de quienes al ver a una niña o un niño trabajando reconocen sus privilegios de forma manifiesta e incómoda. La postura abolicionista es el peor tipo de sensibilidad liberal y la ley de trabajo infantil de Bolivia lo saca a relucir. Esta ley, además, se convierte en un faro para otras alternativas.

La tercera razón por la que esta ley es un gran avance es que reconoce la capacidad de las niñas y niños para opinar y decidir qué es lo que les conviene. Al contrario de lo que se podría pensar, las niñas y niños trabajadores han apoyado fervientemente esta nueva ley. El sindicato pionero Unión de niñas, niños y adolescentes trabajadores de Bolivia (UNATSBO), que representa a decenas de miles de menores de todo el país, alega que la regulación y la protección laboral son más útiles para las personas pobres y jóvenes que las prohibiciones masivas. Históricamente, quienes buscan ayudar a las niñas y niños lo hacen sin consultarles y sin tener en cuenta sus opiniones en el asunto. Aparte de ser una contradicción moralmente cuestionable, hablar en nombre de los niños, niñas y adolescentes mientras se les ignora, ha sido del todo inefectivo. El reconocimiento que Bolivia ha hecho a su derecho a ser escuchadas es muy importante.

Es muy probable que la sociedad boliviana siga el ejemplo de su gobierno de ofrecer un mayor respeto a sus trabajadores y trabajadoras más jóvenes. Entidades importantes dedicadas a la investigación demuestran que las percepciones del estatus de una persona son fundamentales para determinar cómo tratamos a esa persona. Precisamente, ésta es la razón por la que muchas democracias liberales prohíben la incitación al odio. Al declarar que la juventud no solo es capaz de trabajar y organizarse, sino que también puede realizar contribuciones valiosas y necesarias para sus familias y para la sociedad, Evo Morales está exigiendo que la sociedad boliviana haga lo mismo: respetar a estas y estos jóvenes como personas que son y tratarlos como tal.

Ni apruebo la explotación infantil ni considero que el trabajo infantil suponga siempre un problema, pero quiero que quienes están leyendo esto reconozcan que vivimos en un mundo injusto y desigual, y que regular el trabajo infantil es más beneficioso para las niñas y niños trabajadores que aplicar la contraproducente tirita abolicionista. En vez de condenar la medida de Morales como si fuese retrógrada, quienes abogan por el abolicionismo y sus aliados harían mucho mejor si uniesen sus fuerzas en contra de las desigualdades económicas que provocan el trabajo infantil.

BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters