"Luchar por que se cumpla la ley, contra el sistema penitenciario, es como luchar contra un monstruo" dice la esposa de una persona encarcelada, actualmente confinada en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I (CEVASEP I), justo al norte de la Ciudad de México. Su esposo, falsamente acusado de secuestro, ha venido cumpliendo su condena desde 2012.
Desde entonces, ella ha sido mensajera, proveedora y defensora. Durante la pandemia, ha estado trabajando en un informe formal para denunciar la tortura que su marido sufrió por parte de los agentes del Estado que participaron en su detención y, más que nunca, ha estado velando por su salud. "Es que no se alimentan bien, que puede haber gente infectada, que simplemente no hay una atención sanitaria adecuada. La preocupación nunca desaparece." La sentencia de su marido es de 170 años [la sentencia estándar por secuestro en México es de 40-80 años].
En México, el sistema penitenciario es un símbolo no de justicia, sino de violencia estatal. Desde el comienzo de la Guerra contra las Drogas, la población carcelaria de México ha aumentado en casi 50.000 personas. Los procedimientos abreviados, los abusos de los derechos humanos y los delitos fabricados marcan una generación de personas privadas de libertad. Su derecho a la salud y al bienestar depende de las condiciones de su encarcelamiento y, ahora, del manejo de la pandemia. En conjunto, una circunstancia discriminatoria que tiene mucho que ver con la cantidad de dinero que tienen, el lugar donde están encarcelados y la frecuencia de las visitas de sus familiares.
