Este es el tercer artículo de una investigación sobre tácticas, redes y perfiles de perpetradores de trata y explotación sexual en la región más poblada de Uruguay, los departamentos de Montevideo y Canelones.
Advertencia: este artículo contiene descripciones de abuso sexual infantil
En el mundo de los videojuegos en línea, donde los jugadores compiten o colaboran por un objetivo, un ‘diamante’ puede comprar un traje nuevo, un arma más poderosa o un personaje exclusivo. Para niños, niñas o adolescentes, es un bien codiciado. Para un depredador sexual, es la moneda de cambio perfecta.
Este fue el señuelo empleado por Luis Carvajal, un guardia de seguridad uruguayo de 35 años. Desde la precaria habitación en la que vivía en casa de sus padres, utilizó el videojuego de combate Garena Free Fire para contactar a cientos de adolescentes varones en toda América Latina, WhatsApp para acosarlos en privado, y ChatGPT para adaptar sus tácticas de engaño y manipulación al perfil de cada uno que identificaba como presa. Todas plataformas consideradas seguras para las familias.
Así, entre mediados de 2024 y los primeros tres meses de 2025, logró explotar a una treintena de niños y abusar físicamente de al menos cinco. Según la fiscal del caso, Irena Penza, la mayoría tenía entre 11 y 15 años.
El caso, investigado por democraciaAbierta, expone los límites sociales y judiciales para reconocer y combatir este tipo de delitos, que adquieren nuevas formas a la par del desarrollo tecnológico. También es ejemplo de las nuevas tácticas de captación de pederastas alrededor del mundo.
Crímenes siguiendo el mismo guión – videojuegos como anzuelo, grooming y el uso de la inteligencia artificial (IA) como ‘cómplice’ – están documentados en países de ingresos altos y bajos y con diferente grado de conectividad, como Perú, India, Reino Unido, Estados Unidos y Australia.
“Se estima que 300 millones de niños y niñas son víctimas de explotación sexual en internet cada año”, dijo Lyda Guarín, representante para América Latina de la organización de defensa de la infancia Save the Children, a democraciaAbierta.
Uno de cada ocho niños, niñas y adolescentes en el mundo – 10 por segundo – sufrió captación y acoso (grooming), difusión o exposición no consentida de imágenes o videos sexuales en línea, según la primera estimación global realizada por investigadores universitarios para el Childlight Global Child Safety Institute. En América Latina esa proporción sube a casi uno de cada cinco.
La culpa no es de internet, sino de adultos que usan la red como coto de caza. Mientras en otra época acechaban en parques y en las inmediaciones de las escuelas, hoy lo hacen con herramientas más veloces, más anónimas y más difíciles de rastrear, operables bajo identidades falsas, desde cualquier lugar del planeta y contra múltiples víctimas a la vez.
“El mundo virtual es un reflejo del mundo real”, agregó Guarín. Los agresores sexuales en línea no crean nuevas violencias, sino que explotan vulnerabilidades que ya existían, como la desigualdad, pobreza, desamparo, negligencia, violencia e impunidad.
Por eso, aunque las estimaciones son impactantes, se consideran conservadoras.
El ciberengaño pederasta
Carvajal, con dos antecedentes penales por abuso sexual, pasó varios meses en 2024 frente a una laptop en Canelones – el segundo departamento más poblado de Uruguay fuera de la capital –, construyendo una fachada digital impecable para camuflar su verdadero propósito.
Cultivó su imagen como líder de un ‘clan’ de jugadores de Free Fire, el videojuego más utilizado por agresores en línea para captar a menores de 12 años en Uruguay, según un estudio basado en la experiencia de profesionales que asisten a víctimas realizado por Pablo López y Manuela Costa de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
Siguió el manual del depredador paciente y contactó a cientos de niños y adolescentes de manera simultánea, esperando que un buen número de ellos confiara en él.
Una vez establecido el vínculo, invitaba a sus potenciales víctimas al grupo de WhatsApp del clan, y les solicitaba una selfie como condición para agregarlos.
“¿No entendés de qué te estoy hablando cuando te pido fotos?”. “¿No querés pertenecer al clan?”. “Mirá que yo te puedo regalar cosas”, les escribía, según la sentencia judicial a la que democraciaAbierta tuvo acceso.
Luego, iniciaba conversaciones privadas con diferentes tácticas para profundizar la manipulación. A veces usaba un nombre falso o un número de celular argentino para hacerse pasar por un adulto amigable o un par; llegaba incluso a utilizar las fotos de los mismos chicos que había agregado al grupo.
Mientras tanto, usaba TikTok para consolidar una imagen de supuesto influencer del juego, acumulando más de 10.000 seguidores, ofreciendo premios y organizando encuentros en persona para entregar los presuntos regalos a los ganadores.
Carvajal conseguía que los chicos compartieran sentimientos y experiencias muy íntimas, e información sensible como la dirección de su casa o de su escuela. Con esos datos alimentaba a ChatGPT para diseñar un enfoque personalizado y una extorsión para cada niño. Y su ‘cómplice’ de IA lo asesoraba.
Frente a adolescentes gays, se hacía pasar por un igual. A los que sufrían acoso escolar por su apariencia física, les ofrecía aceptación: “¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta?”. “Mostrame”, les decía. Con los más reticentes, fingía una amistad entre iguales.
Carvajal se integró en la vida de las familias de algunos chicos empobrecidos, dando una imagen de confianza ante los adultos – que incluso llegaban a pedirle dinero para gastos menores, como un corte de pelo – hasta que lograba integrarse en su cotidianidad, según dijo a democraciaAbierta una oficial de policía que participó en la investigación y pidió no revelar su nombre.
Ese “camino de hormiga”, como lo describió la oficial, hizo que algunos padres permitieran que sus hijos visitaran su casa, atraídos por pequeñas comodidades que ellos no podían proporcionar, como wifi.
Carvajal parecía encantador y querido en los círculos donde se movía. No por casualidad: según especialistas, la herramienta más poderosa del agresor sexual de niños, niñas y adolescentes no es la tecnología, sino la confianza. Primero hacía que las víctimas se sintieran reconocidas y especiales; después las abusaba.
Falta de estadísticas
Aunque hay estimaciones, faltan estadísticas precisas.
Apenas en 2019 se comenzó a recabar, en el mundo, información sobre cómo las tecnologías digitales facilitaban estos delitos, a través de la encuesta Disrupting Harm – un proyecto internacional liderado por Safe Online, ECPAT International, INTERPOL y UNICEF –, que recopila datos detallados sobre delitos sufridos por personas o familias, más allá de las denuncias policiales.
La encuesta, que abarca 25 países en todos los continentes, publicó este año los resultados de Brasil, el primero de América Latina. Según esos datos, uno de cada cinco niños de 12 a 17 años experimentó explotación o abuso sexual "facilitado por la tecnología" solo en 2025. En el transcurso del año se esperan los resultados de Colombia, República Dominicana y México.
En Uruguay no existen datos equivalentes. Pero surge un panorama preocupante cuando se analizan los que están disponibles.
Uno de cada tres menores en este país experimentó al menos un episodio de riesgo o daño en línea el año anterior, según el informe Kids Online 2022. Solo la mitad denunciaron lo ocurrido.
El estudio de López y Costa, basado en el relato de 135 profesionales que atendieron en los últimos años a más de 2.500 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual – sin descartar que hubiera casos duplicados – muestra que más de la mitad incluyeron el uso de tecnologías digitales en la captación o el abuso, con el primer contacto en línea antes de pasar a encuentros presenciales.
Eso era lo que buscaba Carvajal.
A cambio de ‘diamantes’ del Free Fire o recargas de datos, Carvajal logró que más de 30 menores le enviaran fotos de sus genitales y realizaran actos sexuales en videollamadas mientras él se masturbaba y grababa, según consta en el documento de la sentencia.
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, cometió abusos físicos contra al menos cinco adolescentes uruguayos que se encontraron con él en un hotel al que regresó varias veces – ante la indiferencia del personal – acompañado por otros chicos, según la fiscal.
El personal del hotel declaró que su conducta no despertó sospechas, según la fiscal Penza. Carvajal alegaba que eran sus hijos o sobrinos, y los empleados ni siquiera registraron sus nombres.
Al igual que otras víctimas, Javier*, de 14 años, fue al hotel pensando que jugaría a Free Fire con parte del clan. La sentencia describe cómo, días antes, mientras el adolescente se preparaba preguntándole a ChatGPT qué ropa usar para el encuentro y qué hacer si se sentía atraído por personas de su mismo sexo, Carvajal le pedía a la misma IA que creara un juego de cartas erótico con el fin de desnudarlo. Según la fiscal, el chatbot se negó, alegando “falta de permisos”.
Al abrir la puerta, Javier, como los otros chicos, encontró comida, refrescos y cervezas, y una realidad muy distinta a la que había imaginado.
“Fui, estaba el loco, me hizo pasar a la habitación [...] Tomé coca, tenía miedo que tuviera algo”, dijo Javier a la perito psicóloga de Fiscalía sobre el primer encuentro. “Puso la tele el loco, se me empezó a acercar, yo sabía la intención, yo no hice nada [...] yo tenía miedo”, dijo Javier en su declaración.
Javier lloró. Carvajal le dio dinero. “Para que no te sientas mal”, le dijo. “Para que estemos los dos iguales”. El adolescente le dijo a la perito que Carvajal le provocaba “rechazo y asco”.
Si Javier – u otro niño o adolescente – no accedía a nuevos encuentros o a mandar más fotos o vídeos, Carvajal asumía la identidad de un par, ‘Nahuel’, que se dedicaba a calmar a la víctima y minimizar el abuso, explicó la fiscal.
"Yo lo conozco al loco, es buena persona, lo que pasó olvidate, es buen tipo", le escribió ‘Nahuel’ a Javier por WhatsApp.
Si eso no funcionaba, Carvajal los extorsionaba con revelar su situación a las familias, hacerles daño o publicar las grabaciones que tenía. Para asustar a Javier le dijo que lo vigilaba en su escuela. “Si me haces enojar, soy malo”, le escribió.
Javier relató a la perito varios encuentros posteriores, en los que también había otros chicos; algunos de los que Carvajal filmó. Después de violarlos, podía ofrecerles desde un iphone 11 para conectarse y jugar al Free Fire, o al igual que a Javier, dinero; entre 500 y 2.000 pesos (15 a 52 dólares).
Javier no tuvo representante legal en el proceso penal, por eso no fue posible contactar a su familia para este artículo.
democraciaAbierta se contactó con la defensoría pública de Canelones, pero no obtuvo respuesta de la representante de Carvajal, Valentina Solari Silvero. También enviamos preguntas a Garena Free Fire, OpenAI (dueña de ChatGPT), TikTok y Meta (dueña de WhatsApp).
En una declaración por escrito, un portavoz de WhatsApp sostuvo: “WhatsApp tiene tolerancia cero frente a la explotación y el abuso sexual infantil, y suspendemos a los usuarios cuando detectamos que comparten contenido que explota o pone en peligro a menores”.
Y agregó: “El cifrado de extremo a extremo es una de las tecnologías más importantes para mantener la seguridad de todas las personas en línea, incluidos los jóvenes. Nadie quiere que leamos sus mensajes privados ni que escuchemos sus llamadas, por lo que hemos desarrollado medidas de seguridad sólidas para prevenir y combatir el abuso, manteniendo al mismo tiempo la seguridad en línea. Los usuarios también pueden bloquear o reportar una cuenta individual o un grupo en cualquier momento”.
Garena, OpenAI y TikTok no contestaron nuestras preguntas.
Decir lo indecible
Eran casi las dos de la madrugada del 8 de marzo de 2025 cuando el hermano menor de Javier le dijo a su madre que tenía miedo porque Javier estaba recibiendo amenazas de un adulto que tenía un video. La madre habló con Javier. Aterrado, él le contó todo.
Cuatro días después, Penza y tres equipos policiales irrumpieron en la casa de Carvajal. En el escritorio de su computadora, vieron la foto de un niño de 13 o 14 años. En su billetera, encontraron la cédula de identidad de un adolescente de 17. Los peritos también hallaron archivos activos y eliminados y conversaciones individuales y grupales que delineaban, con crudeza, el perfil de un depredador serial.
Sin embargo, la investigación se quedó corta. Javier mencionó a otras posibles víctimas uruguayas, y la fiscalía consiguió identificar a algunas en los materiales hallados en los dispositivos. Pero ninguna quiso denunciar.
Durante las entrevistas con el equipo fiscal, varios chicos no lograron reconocerse como víctimas. Iban acompañados por hermanos u otras personas adultas, suplicando que no les avisaran a sus padres.
Otros que sí contaron lo ocurrido, recibieron reproches o descrédito. El padre de Javier le dijo: "Vos tenías la posibilidad de decir que no, si fuiste fue porque quisiste. Era tu voluntad”, recordó Penza.
Esta falta de reconocimiento del delito – de las familias, de potenciales testigos como el personal del hotel, y de las propias víctimas – es el terreno en el que el abuso prospera. “Hay adultos que no visualizan la manipulación y el ejercicio de poder del abusador ni que eso constituye un delito”, resumió Penza.
El entorno digital lo hace aún más difuso. Cuando un niño, niña o adolescente envía una foto “por iniciativa propia”, puede haber soportado semanas de presión invisible, explicaron a democraciaAbierta López y Costa.
Además, Uruguay no tiene herramientas para identificar a víctimas contactadas a través de números extranjeros. Según explicó una de las oficiales que trabajó en el caso, INTERPOL realizó las diligencias correspondientes, pero al momento de esta publicación, aún espera respuesta.
A su vez, Penza señaló que en el mismo año que trabajó este caso, había otros 300 de violencia sexual contra menores acumulándose en su despacho, y unos 700 expedientes de otras materias.
Carvajal esperó su sentencia durante ocho meses en una cárcel del interior del país donde, según la sentencia, violó varias veces a su compañero de celda.
Mediante acuerdo con la fiscalía, el 17 de octubre de 2025 se declaró culpable de acoso y manipulación de menores con fines de violencia y explotación sexual (grooming), abuso sexual, retribución o promesa de retribución a menores (explotación) y otros delitos. Fue condenado a casi 10 años de prisión.
En su pedido de condena, la fiscal incluyó tanto a las víctimas identificadas como a las anónimas. Pero la magnitud del daño que causó Carvajal es desconocida.
*Nombre ficticio para proteger la identidad del menor.
