La noche del siete de abril fue más oscura que otras en el norte de la Amazonia ecuatoriana. De repente, los ríos Napo y Coca se ensombrecieron de petróleo y combustible. Tres tuberías se rompieron, produciendo el peor desastre socioambiental en los últimos 15 años, derramando más de 15.000 galones (casi 57.000 litros) y afectando indirectamente a más de 120.000 personas y de manera directa a 35.000, de las que 27.000 son indígenas kichwas de 105 comunidades distribuidas en dos provincias.
“Compañero, vemos que baja aceite por el cauce del río, ayúdenos a reportar lo que está pasando. Los jóvenes salieron de pesca en la madrugada y al volver se encuentra todo su cuerpo lleno de petróleo, necesitamos ayuda urgente”. Este fue uno de los primeros testimonios de Olger Gallo, presidente de la comunidad kichwa de Panduyaku, en la provincia de Sucumbíos, la primera persona con la que establecí contacto una vez sucedido el vertido.
De hecho, ni el propio Estado ecuatoriano reconocía el incidente y tardó varias horas en oficializar lo que estaba pasando. Pero nosotros, a través de los medios de comunicación comunitarios, conocíamos ya en detalle lo ocurrido por los testimonios que iban brindando los comuneros, lo que facilitaba la difusión del suceso y su rápido posicionamiento entre los medios de comunicación nacional, a través de nuestras plataformas digitales.
