Excavada en una roca en la parte trasera de una pequeña casa a la entrada de la ciudad de Pamplona, Norte de Santander, hay una modesta cocina de leña. Sobre ella, en unas grandes ollas abiertas, doña Marta está preparando una sopa, unas papas y arroz blanco y algo de pollo, con lo que espera alcanzar a ofrecer un plato caliente a entre 50 y 100 caminantes venezolanos.

Esta cocina es ya famosa en toda la ruta que los migrantes recorren desde que logran cruzar la frontera, ya sea por las trochas ilegales que bordean el Puente Internacional Simón Bolívar, o por el mismo puente, principal paso oficial entre Venezuela y Colombia.

Una vez en la localidad de Cúcuta, los refugiados se entremezclan en un gran bazar de tráfico de personas y mercancías, muy activo desde que estalló la crisis migratoria en 2015. Desde ahí decidirán si se asientan en los barrios periféricos de la ciudad fronteriza, si compran mercancías y se regresan con la esperanza de lograr alguna ganancia, o si se aventuran a adentrarse en las frías montañas colombianas en busca de la oportunidad vital que Venezuela les niega.

Se cumplieron ya más de seis años desde que empezara el flujo masivo de refugiados y migrantes, y las vicisitudes de la ruta Cúcuta – Bucaramanga ha sido muchas y, en ocasiones, muy dramáticas. Pasó tiempo hasta que las grandes organizaciones y agencias intergubernamentales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tras las siempre delicadas negociaciones con el gobierno colombiano, pusieran en marcha su pesada burocracia e instalaran sus carpas de asistencia a lo largo de esta ruta, que en su momento álgido llego a contemplar más de 5.000 migrantes diarios.

Muchas organizaciones no gubernamentales también se movilizaron para dar asistencia a los caminantes en ruta, pero con bastante lentitud en contraste con la forma masiva en la que estalló de la hemorragia venezolana, alcanzando recientemente los6 millones de refugiados, según la propia ACNUR.

Pero cuando por fin todo este despliegue se puso finalmente en pie, doña Marta, desde su pequeña casa situada a la entrada del puente de Pamplona, ya tenia años proveyendo de alimento y techo a los caminantes más necesitados, que llegaban exhaustos después de recorrer los 75 kilómetros de peligrosa, fría y empinada carretera que separan esta ciudad de la frontera venezolana.

Normalmente, los caminantes más jóvenes y atléticos podrían realizar este recorrido en entre 15 y 18 horas. Pero la realidad es que la mayoría cargan bultos, niños, ancianos, maletas. Muchos llegan desde el interior de Venezuela, o incluso de la costa, tras largos días de caminata, y están exhaustos, hambrientos.

En consecuencia, es habitual que acaben invirtiendo más de 20 horas en cubrir este tramo, lo que les obliga a pasar por lo menos una noche a la intemperie, acurrucados al borde de una pista atravesada por camiones y vehículos de todo tipo, que por la noche circulan a la máxima velocidad posible.

Desde el principio de la crisis migratoria, doña Marta consideró insoportable quedarse de brazos cruzados y contemplar el paso de los caminantes sin movilizarse. Y, lo que al principio fuera un acto de generosidad y de empatía, acabó convirtiéndose en el objetivo central de su actividad diaria, primero invirtiendo sus modestos recursos y luego, ya más organizada, puso en pie una Fundación gracias a la llegada paulatina de donaciones de víveres con los que alimentar a los refugiados procedentes de ONGs internacionales.

Durante la mañana, a los que pasan y se detienen les ofrece un bocadillo y agua, pero ya en la tarde-noche, con la contribución de voluntarios venezolanos e internacionales, consigue proporcionar un plato caliente a entre 70 y 100 personas, en los días de mayor afluencia.

Por la noche, logra alojar también a un buen número de mujeres y niños, “haciendo un Tetris” con los cuerpos sobre las colchonetas en el suelo, dice ella con una sonrisa. En los momentos de mayor necesidad, habilitan también el garaje que tienen al otro lado de la carretera, donde consiguen acomodar hasta 25 personas en angosto el espacio que se abre el retirar el carro.

Pero todo esto se hace en la más absoluta informalidad y, en ocasiones, bajo la mirada inquisitiva de algunos de los vecinos de una ciudad católica y conservadora como Pamplona, que se oponen a esta práctica solidaria porque aseguran ejerce un efecto llamada, y exigen su regulación.

Pero doña Marta es una luchadora incansable, con más de 25 años trabajando por la comunidad, y en estos 6 años que lleva ayudando con los caminantes ha conseguido formalizar su actividad mínimamente a través de la Fundación y canalizar ayudas internacionales.

Marta Duque se queja de la falta de coordinación que existe entre los, ahora ya sí, múltiples actores implicados en la acción humanitaria a lo largo de esta transitada ruta. Los que cruzan legalmente reciben orientación de las autoridades fronterizas colombianas, y ya en ruta los migrantes encuentran apoyos como el gubernamentalCentro de Atención Sanitaria Los Patios, a la salida de Cúcuta, que alberga más 25 entidades colaboradoras entre agencias de Naciones Unidas, la Cruz Roja, ONGs y entidades de la cooperación internacional, o del eficaz refugio de la Don Juana, que gestiona la organización cristiana norteamericana Samaritan’s Purse, situado estratégicamente a mitad del camino hacia Pamplona.

Las autoridades municipales exigen la regularización y el cumplimiento de la “normativa” existente, algo que doña Marta considera una burocracia absurda ante la urgencia de atender como sea a los más necesitados. Si tuviera que cumplir con todos los protocolos estandarizados que exigen las autoridades municipales y las organizaciones internacionales, su casa debería clausurarse o, en el mejor de los casos, atender a menos de una décima parte de los caminantes que ha venido atendiendo hasta ahora.

Es evidente que le resultaría del todo imposible aplicar estrictamente las formalidades de garantías sanitarias, seguridad, espacio, accesibilidad, registro de identidades y burocracias varias que exigen las autoridades colombianas y los estándares internacionales.

Pero para doña Marta, de lo que se trata es de paliar una emergencia humanitaria cotidiana con los medios al alcance de los simples ciudadanos. Se lamenta, por ejemplo, de que le exijan cumplir con la regulación del “uso de suelos” cuando, dice, es evidente que “la necesidad y el hambre no piden un certificado de uso de suelos”.

Cuando estalló la pandemia en Marzo de 2020, la mayoría de los centros internacionales de apoyo a los caminantes cerraron sus puertas, pero el flujo de refugiados no se detuvo, sino que incluso aumentó con los retornados, que fueron rechazados masivamente por sus países de acogida al colapsar la actividad debido los confinamientos estrictos y al parón de la actividad económica.

Doña Marta, a pesar de haber perdido a tres hermanos que fallecieron víctimas de la Covid-19, mantuvo su casa abierta, convirtiéndola en la única luz de esperanza y alivio en una ruta de exilio que se hizo más oscura que nunca.

La compleja crisis humanitaria que vive Venezuela ha acabado por movilizar a potentes organizaciones internacionales dispuestas a paliar el sufrimiento de los que optan por la diáspora, abrumando en ocasiones a los simples ciudadanos que, como Marta Duque, trabajan legítimamente para contribuir a la causa común. “Yo digo”, se queja Marta, "que, si hay tantas organizaciones y tantos donantes, ¿dónde está la coordinación?”.

Cuando la crisis quede invisibilizada por crisis mayores, y las grandes agencias y ONGs internacionales abandonen el lugar, doña Marta seguirá en su cocina de leña excavada en la roca, dispuesta a proporcionar una taza de sopa caliente a los caminantes exhaustos que seguirán aventurándose al interior de la sierra colombiana. Una mayor coordinación oficial con este tipo de iniciativas de la sociedad civil tendría, según ella, muchísimo sentido.