En el departamento de La Guajira, en el extremo noreste de Colombia, se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, el Cerrejón. Esta mina, activa por más de 4 décadas, es propiedad de la transnacional minera Suiza Glencore, que el año 2021 compró el paquete accionario de sus ex socias, las mineras BHP y Anglo American.
La Guajira, también es hogar de las comunidades indígenas Wayúu y afrodescendientes que han vivido allí por siglos. Estas comunidades han resistido a la extracción de carbón, pues desde sus inicios la operación ha provocado diversos impactos, violencias y abusos en contra de muchas comunidades que han sido desplazadas y expuestas a una grave contaminación que ha dañado su salud. La mina también ha desviado y secado varios arroyos y fuentes de agua vitales para las comunidades.
Uno de ellos es el Arroyo Bruno, desviado desde 2016 por Cerrejón, que ha modificado su cauce en 3,6 kilómetros, moviéndolo 700 metros al norte de su ubicación natural. Ante este hecho, las comunidades Wayúu presentaron una Acción de Tutela a la Corte Constitucional de Colombia, para hacer respetar sus derechos. El año 2017, la Corte les dio la razón y ordenó suspender la expansión de la mina. No obstante, a partir de allí, la empresa no sólo ha desobedecido las órdenes de la Corte Constitucional, sino que Glencore, presentó una demanda de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano, por no permitirle explotar el Arroyo Bruno.