Antes de emprender la carrera para buscar una alternativa terapéutica para el COVID-19, el ingeniero químico, Raúl Antonio Ojeda Rondón, trabajó entre 2008 y 2017 en Petróleos de Venezuela. Denunció que fue salpicado por las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios e instituciones del gobierno de Maduro. En 2018 fue detenido por el Sebin por presuntos delitos de corrupción. Ahora, tras el anuncio oficial de las gotas para frenar el nuevo coronavirus, enfrenta a las críticas de expertos que dudan sobre el rigor científico de la medicina.
Nicolás Maduro apeló a la intriga desde el principio para adelantar otro avance farmacológico de sello nacional para enfrentar el COVID-19. Desde el pasado mes de octubre, el gobernante reelegido en elecciones cuestionadas anunció la elaboración de un antiviral que tildó de “milagroso” y bautizó con el nombre del médico venezolano José Gregorio Hernández. “Las gotitas milagrosas van directo para que te las tomes con fe. El cuerpo te queda fino, te elimina la COVID-19”, soltó Maduro el 14 de octubre de 2020, durante una alocución televisada, donde aseguró que el producto, en fase de pruebas, había salvado a 100% de los pacientes con la enfermedad a quienes se les administró.
El 24 de enero de 2021, tres meses después, Maduro presentó formalmente, con emoción visible, el nuevo medicamento. El antiviral que el mandatario calificó también de “poderoso” se llama Carvativir. Es un producto que se toma por gotas y que, según las pocas informaciones disponibles, está elaborado con un componente derivado de la planta llamada tomillo, conocido como carvacrol. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro celebró el ingenio del creador del producto a quien no quiso nombrar para protegerlo, aunque al día siguiente su nombre se coló en las noticias.
