Los ataques del Ministerio Público y de un ala podrida del Poder Judicial de Guatemala contra el proceso electoral de 2023 no dejan dudas de que el sistema de justicia del país ha sido capturado por redes de corrupción. Superados los intentos ilegales de impedir la posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, la democracia guatemalteca sigue rehén del “pacto de corruptos” entre varios congresistas, jueces, fiscales, militares, empresarios y organizaciones criminales. En los últimos años este tramado entre agentes públicos y privados viene deflagrando dos guerras en Guatemala; una de baja intensidad contra la democracia y otra total contra los pueblos indígenas.
Comento algunos aspectos de esta ofensiva, caracterizada por los desalojos masivos y el uso arbitrario del poder punitivo, anclados en un marco legal, político e institucional que busca favorecer los intereses privados sobre los territorios indígenas.
Antecedentes de la conflictividad agraria y retrocesos recientes
Pese a los compromisos de reasentar las comunidades desplazadas durante el conflicto armado interno y de adoptar un nuevo régimen agrario, asumidos durante los acuerdos de paz de 1996, el marco legal e institucional de Guatemala ha sido moldeado para consolidar el acaparamiento de tierras indígenas. La lista de retrocesos recientes supera las dimensiones editoriales de un artículo de opinión, pero destaco tres de ellos:
