Desde enero de 2019, Venezuela ha tenido dos presidencias enfrentadas y dos puntos de vista completamente diferentes sobre cómo debe resolverse la disputa política. También ha tenido una víctima principal, una población expuesta a una catastrófica crisis humanitaria. Más de un año después, ninguna de las partes ha logrado sus objetivos: el presidente Nicolás Maduro sigue en el poder, estrictas sanciones se mantienen vigentes y no hay una solución en el horizonte.
Con el gobierno sintiéndose más confiado, como lo demuestra la toma de la Asamblea Nacional del 5 de enero, y una oposición que alberga ambiciones poco realistas de un cambio rápido de régimen, los aliados externos deberían considerar intensificar su participación, presentando un acuerdo que restablezca una justa competencia política, propicie elecciones presidenciales anticipadas, así como el levantamiento gradual de las sanciones, y adicionalmente, deben presionar a sus respectivos aliados dentro del país para que lo acepten como base para las negociaciones.
Lo que la oposición ve como la restauración de la democracia, el gobierno lo considera como un golpe de Estado con respaldo extranjero
A primera vista, la brecha entre las dos partes parece insuperable. El poder de facto y el control de casi todas las instituciones del país están en manos de Maduro, quien fundamenta su legitimidad en una controvertida reelección que tuvo lugar en mayo de 2018, considerada por la oposición y sus aliados internacionales como una farsa perpetrada por un dictador criminal.
