From protest at Yarl's Wood Detention Centre. iDJ Photography/flickr. (CC BY-NC-ND 2.0)

Para entender mejor los esfuerzos de hoy en día para terminar con la «trata de personas» o la «esclavitud moderna», debemos examinar las primeras restricciones a la movilidad humana, instituidas en el siglo diecinueve tras la abolición de la trata de esclavos y esclavas y las relaciones laborales de esclavitud. Al igual que con las políticas contra la trata hoy en día, esta primera forma de organizar el control de fronteras se centró en una narrativa de «rescate y protección» para normalizar la regulación de la migración. Sin embargo, lejos de proteger a nadie, estas restricciones construyeron una imagen de la persona «inmigrante» plagada de estereotipos raciales y de género; la entrada y permanencia en el territorio de un país fue, y todavía es, controlada y explotada.

Las lógicas imperialista y de Estados-nación, y la movilidad humana

A finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, tanto los estados imperialistas como los estados que intentaban nacionalizar su soberanía implementaron diferentes restricciones a la movilidad humana, aunque por diferentes razones. Los estados imperialistas gobernaban sometiendo a sus súbditos y súbditas a sus poderes tributarios, gravámenes y trabajos forzosos. Cuantas más personas súbditas tuviera el estado dentro de su territorio, más personas podía explotar, más riqueza acumular, y más poder ejercer. Por ello, los estados imperialistas facilitaron el movimiento de la gente dentro y a través de sus imperios. De hecho, estuvieron activamente envueltos en esos movimientos —a menudo a escala masiva—, incluso cuando inmovilizaban a la mayoría de las personas a través de relaciones laborales que les quitaban la libertad. Desde finales del siglo quince, los imperios europeos estuvieron activamente involucrados en movilizar a las personas a través de redes de esclavitud, servidumbre por deudas, destierro y servidumbre; en el imperialismo tardío, también se involucrarían en la concepción de los regímenes migratorios emergentes.

Los controles migratorios dentro del Imperio Británico estuvieron íntimamente vinculados con el reemplazo de la trata de esclavos.

Los controles migratorios dentro del Imperio Británico estuvieron íntimamente vinculados con el reemplazo de la trata de esclavos y esclavas por mano de obra contratada, principalmente en las colonias británicas en Asia. El sistema de trabajo denominado peyorativamente «coolie» se sustenta en un requerimiento legal de que las personas trabajadoras desempeñen sus tareas por un periodo de tiempo fijo por contrato, usualmente cinco años (pero algunas veces podía ser mayor o menor). Durante este, estaban atadas quien los contrataba y no eran libres de cambiar de empleador o de lugar de trabajo.

Los primeros esfuerzos para regular la migración de súbditas y súbditos del Imperio Británico tuvieron lugar en colonia Mauricio. En 1835, el mismo año en que las esclavas y esclavos fueron liberados en Mauricio, el Consejo Británico local aprobó dos ordenanzas que regulaban la migración de personas desde la India británica. Estas ordenanzas, que pretendían regular y disciplinar a los trabajadores «coolie» de la India, solo admitirían «coolies» que tuvieran permiso del gobernador de la colonia. Y, en la India en 1837, el gobierno indio británico estableció condiciones específicas para el movimiento legal de personas que dejaban Calcuta como «coolies», tales como la existencia de un contrato laboral firmado.

Es importante notar que los dos tipos de control fueron impulsados en nombre de la protección de los «coolies». Los «coolies», como las víctimas de trata de estos días, fueron descritos por los británicos como personas simplonas, ingenuas, sin educación, que serían engañadas por inescrupulosos agentes de migración. Así, los segundos plantearon que las restricciones de migración eran necesarias para asegurar que el traslado de las trabajadoras y trabajadores «coolie» provenientes de la India británica fuera «voluntario», y que —a diferencia de las personas esclavas que las precedieron— ofrecieran «de forma libre» su fuerza de trabajo.

A fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo veinte, la formación de los primeros Estados nación del mundo intensificó la presión para promulgar más y más regulaciones y restricciones de movilidad. Los primeros controles nacionales de migración comenzaron en las Américas, donde las ex colonias se habían transformado de forma exitosa en estados autogobernados, que nacionalizarían así sus soberanías para fines del siglo diecinueve.

Cada uno de esos Estados nación anunció su recién descubierta soberanía nacional mediante la implementación de controles de migración racistas, muchas veces con un gran componente de género en ellos. Con la institucionalización de la idea de que las «naciones» eran unidades de distintas clases sociales de (las llamadas) razas homogéneas, los estados se dedicaron a regular y restringir el movimiento dentro de sus territorios de quienes poseían una imagen de raza negativa, y de regular la «respetabilidad» sexual de las mujeres a quienes se permitía ingresar. Por ejemplo, las primeras restricciones a la entrada libre de las personas a los Estados Unidos de América —la Ley Page de 1875— expresamente prohibía la entrada de dos tipos de personas: los «coolies» de la China y las mujeres consideradas como «prostitutas».

Consecuencias hoy en día

Hoy en día tenemos un sistema globalizado de controles migratorios, en el cual es casi imposible moverse libremente a través de las fronteras ahora nacionalizadas, sobre todo para aquellas personas que no tienen mucho que ofrecer al mercado capitalista globalizado (más que su fuerza de trabajo). Las medidas de control de fronteras han sido racionalizadas como un esfuerzo para proteger a las personas migrantes y para «terminar con la trata». Hoy, como en el pasado, el tropo «rescate» es un recurso poderoso para legitimar aún acciones criminales contra aquellas personas consideradas migrantes.

El mayor peligro para la gente que intenta cruzar las fronteras nacionales es la policía de migraciones y la vigilancia de los estados. Las categorías con las que los estados clasifican a la mayoría de las personas migrantes —«ilegal» o «trabajador/a temporario/a extranjero/a» son dos de las más usadas— son las peores amenazas a su libertad. Que una persona sea categorizada como «ilegal» o «temporaria» atrapa a un creciente número de personas que se desplazan a condiciones de trabajo y de vida deficientes, y limita en forma grave sus derechos y su movilidad. De este modo, las políticas de migración nacionales crean las condiciones legales que hacen que algunas personas sean «baratas» o incluso «desechables». En pocas palabras: sin políticas nacionales de migración, no habría personas migrantes a quienes subordinar, abusar o utilizar como chivos expiatorios; o que precisen ser rescatadas.

Sin embargo, no sabemos nada sobre ninguno de estos peligros y explotaciones de la vida real, a pesar de la constante multiplicación de reportes sobre ‘trata de personas’ y ‘esclavitud moderna’. El discurso estatal de acabar con la trata o con la esclavitud moderna depende por completo de la aceptación de la legitimidad de los regímenes nacionales de migración. Depende de la falta de preocupación de estos regímenes sobre las grandes disparidades y la explotación fruto de las relaciones sociales capitalistas: relaciones en las cuales la movilidad humana —y las restricciones del estado en su contra— siempre han sido, y seguirán siendo, una parte integral. Las políticas contra la trata perjudican mucho a las personas migrantes, en especial a las que menos opciones tienen. Hacen mucho para desviar nuestra atención de las prácticas de los estados y de los empleadores, y para canalizar nuestra energía en favor de la ley y el orden, de «ser duros» con los «tratantes».

De esta manera, las medidas contra la trata son ideológicas: hacen que la plétora de controles migratorios y fronterizos no nos parezcan problemáticos, e intentan colocarlos fuera de los límites de la política. Las razones por las que es tan difícil y cada vez más peligroso para la gente el moverse o vivir de manera segura en los lugares a los que se desplazan, son dejadas de lado en el apuro de criminalizar a los ‘tratantes’ y de ‘enviar a casa’ (es decir deportar) a las «víctimas de la trata». Hoy en día, como en los discursos pasados de ‘proteger a los coolies’, las prácticas discursivas ‘contra la trata’ fracasan espectacularmente en atender las necesidades de la gente al no exigir su libre movilidad a través del territorio, y su libertad en los mercados laborales nacionales.

Una versión más larga de este artículo apareció en Anti-Trafficking Review.

BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters