Puerto Rico, un territorio colonial de los Estados Unidos desde 1898, ha enfrentado una crisis fiscal desde la profunda recesión de 2006. Incapaz de declararse en bancarrota debido a su estatus político de "perteneciente a, pero no parte de" los EEUU, el archipiélago fue puesto en una tutela económica por el Congreso de los EEUU en 2016 bajo la ley PROMESA.
La ley nombró una Junta de Control Fiscal para decidir cómo Puerto Rico paga su deuda, principalmente a través de medidas de austeridad y recortes presupuestarios en salud, educación y pensiones de jubilación.
El huracán María devastó la infraestructura de Puerto Rico, que ya estaba decayendo. Enfrentado a cortes de energía que duraron hasta un año en algunas áreas, el desastre que siguió fue producto de la corrupción, la mala administración y la negligencia crasa del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal. Miles de muertes a causa de María pudieron haberse evitado si la ayuda hubiera llegado a tiempo y si hubiera habido una red eléctrica bien mantenida.
