Durante la 50° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el mes pasado, los Estados miembros decidieron sobre las políticas y acciones que guiarán el actuar del foro multilateral para el próximo año.

Como veníamos adelantando desde Amnistía Internacional, esta Asamblea representaba la oportunidad para que los Estados que la conforman centraran sus actuaciones en materia de derechos humanos y, así, entre otras cosas, condenaran de forma enérgica las medidas represivas que algunos países en el hemisferio americano han empleado para combatir la pandemia de la Covid-19.

El uso de medidas represivas en nuestro continente no es algo nuevo. En nuestra carta abierta en ocasión de esta Asamblea General, que fue acompañada de una proyección multimedia en la fachada del edificio principal del OEA, ya denunciábamos cómo las medidas represivas durante la pandemia fueron una continuidad de lo que ya habíamos presenciado antes en el continente. En países como Chile y Nicaragua fuimos testigos de medidas represivas que desembocaron en graves violaciones a derechos humanos, e incluso crímenes del derecho internacional, con el objeto de acallar a quienes se manifestaban para exigir reivindicaciones sociales.

Durante los primeros meses de pandemia pudimos observar que medidas de carácter represivo fueron establecidas en países como El Salvador, Paraguay y Venezuela bajo el pretexto de combatirla. Sobre estas medidas Amnistía Internacional pudo verificar que el panorama era poco esperanzador: decenas de miles de personas fueron confinadas en centros de cuarentenas administrados por el estado bajo custodia policial o militar.

Quienes permanecieron confinados en dichos centros, no pudieron conocer de antemano el tiempo de la duración de su confinamiento, y no contaron con garantías de procedimientos judiciales que les permitieran establecer la legalidad de su detención. Es de observar que dicha situación, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, podría constituir una presunta detención arbitraria.

Además, en varios de estos centros no se contó con medidas mínimas de prevención y control de las infecciones, ni con medidas que garantizaran una alimentación adecuada, agua o atención médica adecuada. De lo expuesto es claro que tal era la receta perfecta para propiciar tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de una violación del derecho a la salud.

Lamentablemente los Estados que conforman la OEA prefieren ignorar y obviar su obligación compartida de garantizar los derechos humanos sin distinción alguna en todo el continente. Ante tal situación, el silencio volvió a hacerse presente en esta Asamblea General, a pesar de que el tema principal llevaba a la reflexión sobre los desafíos que presenta la Covid-19 en nuestro continente.

Si bien se aprobó una resolución ómnibus en materia de derechos humanos, en la cual existe una resolución llamada “Protección de los derechos humanos frente a la pandemia ocasionada por el virus de la Covid-19”, ésta se limita a resaltar la necesidad de preservar el enfoque de derechos humanos para enfrentar a la pandemia, y en ninguna parte de ella se hace un llamado a condenar o evitar a las medidas represivas adoptadas en el contexto de pandemia se vuelvan a repetir.

La protección de los derechos humanos exige más que meras posiciones declarativas, las cuales hemos visto desde el inicio de la pandemia dentro de la OEA. La garantía de los derechos humanos exige necesariamente pasar a la acción, a la condena de violaciones y a la reparación, sobre todo para evitar su repetición, especialmente porque la pandemia no parece dar tregua al continente. Sin duda, en esta oportunidad, la OEA y sus Estados miembros nos quedaron debiendo a quienes habitamos en este continente.

Las medidas represivas que se implementaron para combatir la pandemia no pueden volver ni siquiera a considerarse. Por eso, la comunidad internacional y su máximo foro regional de las Américas no sólo debe estar vigilante, sino que, además, debe emplear todos los recursos a su alcance para que no se vuelvan a cometer violaciones a derechos humanos bajo el pretexto de dar una respuesta a la pandemia de la Covid-19 en nuestro continente.

Es con este espíritu que desde Amnistía Internacional seguiremos usando los mecanismos establecidos en la propia normativa de la OEA, a fin de que este concierto de naciones no sólo analice lo que ocurrió, sino además establezca mecanismos y guías de ruta que permitan que dichas situaciones no vuelvan a ocurrir.

Ante la inacción de este foro multilateral, quienes trabajamos a favor de los derechos humanos no tenemos más opción que continuar buscando los espacios pertinentes, hacer saber nuestra preocupación y hacer el seguimiento debido.

Para Amnistía Internacional esto no es nuevo, pues es parte de una de las herramientas que junto con las acciones de investigación, campaña y movilización acompañan muchas de nuestras demandas en busca del respeto y garantía de los derechos humanos. Por eso, en los próximos días estaremos haciendo llegar a la OEA una misiva más para que atienda la situación de medidas represivas ante la pandemia.