Los derechos humanos que se satisfacen de forma insuficiente con mayor frecuencia son, por mucho, los sociales y los económicos. Esto es particularmente cierto en el caso del derecho a tener un nivel de vida que sea adecuado para la salud y el bienestar de los individuos y sus familias, incluidos la comida, la ropa, la vivienda, la atención médica y los servicios sociales necesarios, así como el derecho a estar protegido en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad avanzada o cualquier otra falta de ingresos por circunstancias fuera de su control. Alrededor de la mitad de todos los seres humanos sufren de privaciones graves de algún tipo u otro y no tienen acceso a los servicios sociales necesarios que podrían protegerlos.

La responsabilidad inmediata por estos derechos humanos insatisfechos le corresponde a los gobiernos de los países en los que vive la mitad más pobre de la población. Pero estos gobiernos también son pobres. Mientras que los países industrializados tienen ingresos anuales del orden de los $20,000 o $50,000 dólares por persona, la India cuenta con ingresos anuales de apenas $200 por persona y muchos otros gobiernos son todavía más pobres. Estas enormes discrepancias internacionales se deben a dos factores: los productos internos brutos per cápita de los países pobres son mucho más pequeños; y, además, una proporción mucho menor de su PIB proviene de los ingresos gubernamentales, típicamente de menos del 20%, en contraste con el promedio de más del 40% de la OCDE.

A los gobiernos de los países pobres se les dificulta cobrar impuestos sobre la renta y el consumo a la mayoría de su población, que tiene bajos ingresos; estos impuestos no son populares, su recolección es costosa y agravan los mismos déficits de derechos humanos que pretenden aliviar. Pero esos gobiernos también enfrentan dificultades para imponer impuestos a quienes sí podrían pagarlos. A través de esfuerzos sofisticados, los ciudadanos acaudalados de estos países, y las corporaciones que operan en ellos, evaden los impuestos a un grado que sería impensable en un país rico con influencia política y una administración tributaria sofisticada y bien financiada. El Boston Consulting Group calcula que el 33.3% de toda la riqueza financiera privada que poseen individuos en África y el Medio Oriente y el 25.6% de ese tipo de riqueza poseída por latinoamericanos (alrededor de $2.6 billones de dólares) se encuentra fuera del país; mientras que los cálculos análogos para Norteamérica y Europa son del 1.8% y el 7.9%, respectivamente. Para recaudar impuestos a partir de los ingresos y ganancias de capital que genera esta riqueza, los países pobres por lo general deben confiar en la honestidad de sus contribuyentes, ya que no tienen acceso a información sobre los valores que sus ciudadanos poseen en el extranjero.

Además, las corporaciones multinacionales (CM) evaden de forma masiva el pago de impuestos, usualmente creando filiales adicionales en paraísos fiscales y luego ordenando que sus filiales en países pobres celebren contratos con sus filiales en paraísos fiscales de manera que se pierda dinero, mediante la elaboración incorrecta de facturas comerciales, la aplicación de precios de transferencia abusivos y el cobro de honorarios exagerados por consultoría o propiedad intelectual. Estos arreglos disminuyen las utilidades gravadas de las filiales en los países pobres a la vez que aumentan las utilidades libres de impuestos de las filiales en los paraísos fiscales. Global Financial Integrity calcula que el abuso fiscal de las corporaciones es responsable del 80% de todas las salidas financieras ilícitas de los países menos desarrollados, o cerca de $4.7 billones de dólares durante el periodo de 2002 a 2011 y $760 mil millones solamente en 2011. Ésta es cinco o seis veces la suma total de toda la asistencia oficial para el desarrollo que entró a estos países durante los mismos periodos. Christian Aid calcula que, a través de estas salidas de capital que reducen las utilidades y los impuestos cobrados, los gobiernos de los países menos desarrollados han perdido ingresos fiscales de la orden de $160 mil millones de dólares al año, o cerca de $2.5 billones durante el periodo de las metas de desarrollo del milenio (2000-2015). “Si ese dinero estuviera disponible para ser asignado conforme a los patrones de gasto actuales, la cantidad destinada a los servicios de salud podría salvar la vida de 350,000 niños menores de cinco años de edad cada año”.

Cuatro grupos de agentes son los responsables de este déficit de derechos humanos que resulta de la incapacidad de los países pobres en recaudar impuestos razonables.  En primer lugar, las jurisdicciones en las que se aplica el secreto fiscal y los paraísos fiscales (incluidos Suiza, Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos) que estructuran sus sistemas jurídicos y fiscales de manera que se promueva el abuso fiscal y que usualmente también protegen el secreto bancario contra las autoridades fiscales de los países menos desarrollados. En segundo lugar, los individuos y las corporaciones que merman la base tributaria de los países pobres al usar paraísos fiscales para ocultar su riqueza y sus ganancias. En tercer lugar, los banqueros, abogados, contadores y cabilderos que diseñan, implementan y “legalizan” estas estrategias. Y en cuarto lugar, los gobiernos poderosos de los países ricos que facilitan la evasión fiscal de sus CM en el extranjero (por ejemplo, al otorgarles exoneraciones de impuestos sobre las ganancias repatriadas) y hacen que los paraísos fiscales cooperen con sus propios esfuerzos de aplicación de leyes tributarias sin asegurarse de que los gobiernos de los países pobres reciban una cooperación similar.

La clave para reducir la brecha de impuestos y el subsecuente déficit de derechos humanos en los países pobres es la transparencia financiera a nivel mundial: abolir las empresas fantasma y las cuentas anónimas, establecer un intercambio automático de información tributaria a través del mundo y exigir que, en sus informes anuales auditados y sus declaraciones de impuestos, las CM reporten sus ventas, ganancias e impuestos pagados país por país para cada jurisdicción en la que operen. Esta transparencia financiera no solamente promovería la justicia tributaria, sino que además protegería los derechos humanos al reducir las actividades de criminales como los terroristas, los lavadores de dinero y los traficantes de personas, drogas y armas.

Los gobiernos de los paraísos fiscales y de otros países ricos deben implementar estos cambios; y lo harán siempre y cuando haya suficiente presión y apoyo de parte de sus poblaciones. Los evasores de impuestos y sus banqueros, abogados, contadores y cabilderos pueden ayudar al no oponerse a ni siquiera  subvertir las reformas necesarias y al contribuir a la formulación y aceptación de estándares éticos que rijan, por ejemplo, el comportamiento de las CM o de los contadores y abogados tributarios internacionales. Un gran adelanto en materia de transparencia financiera está hoy al alcance de nuestras manos. Hay que asegurarnos de que las poblaciones de los países pobres, cuyos derechos humanos están en juego, participen plenamente.

Este artículo reproduce el ya publicado en Tax Justice Focus: Human Rights. Puede suscribirse a Tax Justice Focus y conocer más sobre la Tax Justice Network (Red de Justicia Tributaria) aquí.