En México se han hallado más de 5.600 fosas clandestinas, y hay más 72.000 cuerpos sin identificar, mientras 127.000 personas están reportadas como desaparecidas. Sin embargo, el Estado niega que la desaparición sea una práctica sistemática y generalizada, y estigmatiza a quienes la denuncian, dijo a openDemocracy la mexicana Lisa Sánchez, activista e investigadora en seguridad.
La desaparición forzada no es nueva en México, pero la militarización de la “guerra a las drogas” – lanzada formalmente en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), del derechista Partido de Acción Nacional, y profundizada por sus sucesores – disparó la violencia y contribuyó a normalizar este crimen, que hoy goza de 99% de impunidad, explicó Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una organización civil que trabaja en seguridad ciudadana, justicia y política de drogas.
En las últimas semanas, el “circo mediático” montado en torno al hallazgo de un presunto sitio de entrenamiento y exterminio en el estado de Jalisco desembocó en una campaña de ataques a las familias buscadoras. “Esa es la clave política que a nosotros nos parece particularmente despreciable”, dijo Sánchez, maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics.
