Las Fuerzas Armadas ocupan el Complejo del Alemán, en Río de Janeiro, para garantizar la seguridad durante las elecciones municipales en 2008. Imagen: Wilson Dias/ABr, CC BY-3.0 BR.

Este articulo se publica en el marco de la campaña Instinto de Vida.

Los soldados están de vuelta a Río de Janeiro, aunque no se habían ido por mucho tiempo. En los últimos 12 meses, el ejército fue llamado 4 veces para intervenir. Durante la última década, el estado de Río ha apelado a las Fuerzas Armadas 12 veces. La gente que circula por las calles de la ciudad se ha acostumbrado a la presencia de hombres en uniformes de camuflaje, francotiradores, carros blindados y personal variado, usualmente asociado con escenas de guerra.

El tema ha adquirido una forma aún más dramática en los últimos días. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, dijo el 22 de septiembre que ya no podía hacer frente a la situación en Rocinha, una de las favelas más grandes de Río. La disputa entre dos miembros de alto rango de la facción criminal que domina el territorio ha aumentado los niveles de violencia allñi. Una vez más, ante una escalada de la tensión, el Gobierno de Río de Janeiro solicitó asistencia al Ejército. Aproximadamente 950 soldados fuertemente armados llegaron a la favela a pie, en vehículos blindados y helicópteros horas después. Hasta el momento, fuentes oficiales han reportado 3 muertes desde la entrada del ejército; fuentes informales afirman que el número es mayor. Los residentes de la comunidad viven con miedo, las escuelas están cerradas y la atención en los centros de salud es intermitente.

La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en Río de Janeiro se puede contar desde dos perspectivas diferentes. La primera es la narrativa "local", más común entre los expertos en seguridad pública, o entre activistas de la zona. Las versiones construidas dentro de esta perspectiva destacan la extrema violencia urbana en Río de Janeiro, agravada por la crisis administrativa en el estado federado. Esta violencia la ejercen las facciones y los grupos del crimen organizado, pero está estrechamente vinculada a la acción violenta del estado en las favelas y periferias, dinámica que resulta en un genocidio de poblaciones negras. Este proceso está vinculado a la opción de tratar las políticas de drogas como si fueran temas de seguridad, lo que fomenta la confrontación armada y produce una enorme violencia y letalidad, además de la brutal política de encarcelamiento. 

La favela de Rocinha en Río de Janeiro, Brasil. Imagen: chensiyuan/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

También vale citar el argumento "oficial", que justifica una operación militar mediante la formulación de una supuesta situación de emergencia de seguridad pública en la ciudad y el estado, lo que también requeriría acciones de emergencia. Todas estas narraciones son verdaderas y nos ayudan a entender lo que está sucediendo en nuestras calles. Representan una cara de la tragedia que se despliega en la ciudad de Río de Janeiro y ayudan a articular el activismo que busca combatir la violencia. 

Pero esta historia también se puede contar como parte de un repertorio transnacional o global de gestión militarizada de espacios y poblaciones. El uso de las Fuerzas Armadas como herramienta de seguridad pública no es exclusivo de Río de Janeiro, o incluso de Brasil. Colombia es un caso prominente para comprender el nexo entre la guerra y la policía, donde el gobierno ha trabajado con las fuerzas internacionales en la versión más explícita de la "guerra contra las drogas". Durante décadas, la seguridad del país ha sido manejada por un complejo de actores públicos y privados locales y globales, incluyendo la policía, el ejército nacional, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, las compañías privadas de seguridad y las milicias locales.

México sigue, en varios aspectos, el mismo camino, con un escenario de violencia extrema manejado e instigado por la participación del ejército y la policía en la seguridad pública. El país ha adoptado una receta para la seguridad pública represiva, confrontativa y encarceladora, formulada en gran medida en los centros de poder mundiales, especialmente en los Estados Unidos. Este repertorio se desarrolló a través de ensayos realizados en países periféricos, que sirvieron como laboratorio. Colombia es un gran ejemplo. 

Las fuerzas de seguridad ocupan el Complejo del Alemán después de haber ofrecido la posibilidad de rendición a los traficantes en 2010. Imagen: Agência Brasil/ABr, CC BY 3.0 br.

Una perspectiva de "solución de problemas" generalmente aborda los casos de Colombia y México como fracasos de una opción de política pública. Desde este punto de vista, es sorprendente que se aplique repetidamente la misma opción militarizada, a pesar de que nuestra enorme base de datos confirmaría su fracaso en la lucha contra la delincuencia y las drogas. Este tipo de lectura es necesaria para la articulación de activistas que intentan mejorar las condiciones de vida de grandes sectores de la población. Pero debe complementarse con una perspectiva crítica, que analice la gestión violenta de las poblaciones como proyecto funcional de gobierno y de represión de sectores de la sociedad y de planificación y gestión de determinados espacios periféricos. 

Las calles de las grandes ciudades son patrulladas por las Fuerzas Armadas en varias de las periferias globales. El ejército brasileño está presente en las afueras de Río de Janeiro, pero también en Puerto Príncipe, Haití. La Guardia Nacional de los Estados Unidos estuvo presente en Bagdad, pero también fue llamada a intervenir en Nueva Orleans y Baltimore. Varios de los mismos ex militares colombianos entrenados por el ejército estadounidense prestan servicios a empresas militares privadas en entornos de conflicto o intervenciones internacionales en Liberia, Sierra Leona o Afganistán. 

Concebir la presencia del ejército en nuestras ciudades como una manifestación disfuncional es interpretar al ejército simplemente como un instrumento de guerra. Esto significa limitarse a su dimensión legal o conceptual, y perder de vista la función que ha ejercido realmente a lo largo de la historia de estos lugares. En estos lugares, el ejército es responsable, junto con otras organizaciones como la policía y las milicias, por la gobernanza violenta de ciertas poblaciones y territorios. Este es el caso en América Latina, en África, o en las afueras de las grandes ciudades americanas.

El Ejército da apoyo a la ocupación del Complejo del Alemán en 2010. Imagen: Agencia Brasil/ABr, CC BY 3.0 br.

La interpretación de los militares como fuerza gobernante y de garantía del orden público ha sido generalmente ocultada por la literatura dominante de las Relaciones Internacionales. Al separar conceptualmente la seguridad internacional de la seguridad pública, hemos creado un obstáculo que nos impide percibir formas de responder a los retos de seguridad e inseguridad en la época contemporánea con políticas de castigo y represión. Reaccionamos a un incremento en la violencia, especialmente – como es costumbre y es la praxis del sistema en el que vivimos – en las periferias.

Datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública atestiguan que una persona muere cada 8 minutos en Brasil. Hay casi 60.000 homicidios al año. De cada 100 personas asesinadas en Brasil, 71 son negras. En los estados del norte y del noreste, el vínculo entre raza y violencia es aún más evidente. En Sergipe, por ejemplo, la tasa de homicidios entre los negros es de 73 por 100.000 habitantes, mientras que la de los blancos es de 13 por 100.000. Esta es la situación brasileña. Las espirales de violencia se concretan de manera distinta en cada país. Y rara vez se perciben como deberían ser: como combustible para cuestionar la esencia de un repertorio global que se materializa de manera única en cada contexto. El enfoque multidisciplinario necesario para entender esto sigue siendo deslegitimado por los círculos académicos como un tema inviable para la disciplina de las Relaciones Internacionales. 

La cuestión de la violencia y las respuestas de mano dura recurrentes, y respuestas innegablemente similares implementadas en todo el mundo, siguen siendo rechazadas por las comunidades epistémicas que estudian los flujos globales y pueden contribuir decisivamente a la comprensión de esas cuestiones. También bloquean la capacidad de comprender plenamente las articulaciones regionales y globales de la sociedad civil organizada, que sin duda representan nuestra mejor forma de afrontar esta cruel realidad.

En fin, las barreras disciplinarias trabajan junto a las barreras políticas para fragmentarnos, recortar la comprensión y las percepciones críticas, y ocultar las dinámicas globales que oprimen, reprimen, encarcelan y matan.