Era inconcebible, cinco años atrás, que un país conservador como Colombia eliminara el delito de aborto del código penal (hasta la semana 24 de embarazo). O que el católico y neoliberal Chile se aprestara a votar una constitución que consagra los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto voluntario.
En febrero de este año, la corte constitucional de Colombia eliminó del código penal el delito de aborto (hasta la semana 24 de gestación), respondiendo a una demanda presentada por Causa Justa, punta de lanza de una amplia campaña social y jurídica de la que participaron más de 120 movimientos y miles de activistas.
Colombia se puso así “a la vanguardia de la región y del mundo”, según la médica y activista feminista Ana Cristina González, una de las portavoces de Causa Justa.