Luego de más de 520 días esperando una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, el 21 de este mes llegó la noticia que tanto esperábamos: el alto tribunal eliminó el delito de aborto, si es practicado en las primeras 24 semanas de embarazo.

El fallo de la corte fue en respuesta a una demanda que interpuso Causa Justa, un movimiento de más de 100 organizaciones y miles de activistas de toda Colombia, incluyendo Women’s Link Worldwide, donde trabajo como abogada. Llegar hasta aquí requirió mucha creatividad, valentía y esfuerzos conjuntos. Sin esa mezcla, nada de esto hubiera sido posible.

Hasta 2006, regía una prohibición absoluta al aborto. Ese año, otra vez gracias a un litigio de Women’s Link, el aborto fue despenalizado – pero solo bajo tres causales: peligro para la salud o la vida de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y violación. Sin embargo, esto no redujo la criminalización por aborto; de hecho, cifras oficiales indican que la vasta mayoría de los procesos por delito de aborto registrados entre 1998 y 2019 (5.737 en total) corresponden al período posterior a 2006.

En septiembre de 2020, propusimos a la Corte Constitucional un cambio de modelo para regular el aborto. Lo hicimos con argumentos serios y basados en la evidencia, que mostraban cómo la permanencia del delito en el código penal era la principal barrera para el acceso a una interrupción del embarazo – incluso si las mujeres se encontraban bajo alguna de las tres causales.

Nuestra demanda recibió el apoyo de más de 100 expertas y expertos nacionales e internacionales, quienes enviaron sus intervenciones al tribunal. Apostamos al derecho como herramienta de cambio legal y social. Pero, al mismo tiempo, nos propusimos cambiar los términos de la conversación sobre la importancia de despenalizar el aborto.

No se trató de una pelea entre quienes están a favor o en contra del aborto. Se trató de mostrar con hechos cómo mantener el delito de aborto no reduce las interrupciones de embarazos; únicamente obliga a las mujeres a recurrir a prácticas inseguras y afecta, principalmente, a las personas más vulnerables del país: las más empobrecidas, las migrantes, las que viven en zonas apartadas o dominadas por actores armados.

Dimos cientos de entrevistas, hicimos actividades públicas y pedagogía. Hablamos con líderes de opinión, periodistas, políticos, y nos tomamos las calles y las redes sociales con nuestros mensajes y pañuelos verdes (símbolos de la lucha por el aborto legal en América Latina).

Un avance enorme

Aunque la corte no despenalizó totalmente el aborto (como le habíamos pedido), su decisión final fue despenalizar hasta la semana 24 y, más allá de ese plazo, mantener vigentes las tres excepciones.

Es un avance enorme, pues supone un plazo razonable en el cual todas las niñas, mujeres y personas gestantes que necesiten interrumpir un embarazo puedan acercarse a los servicios de salud – sin miedo a ser criminalizadas. Ya no tendrán que arriesgar más ni su salud ni sus vidas acudiendo a procedimientos inseguros.

Muchas personas se preguntan si la corte se excedió con el límite de las 24 semanas. La respuesta es un no rotundo.

Sabemos que, cuando el aborto es legal, la gran mayoría de los procedimientos se realizan en el primer trimestre y los pocos que se practican en semanas avanzadas son los de mujeres que viven en contextos de vulnerabilidad: aquellas que habitan en zonas rurales o sin servicios de salud, las que son víctimas de violencia intrafamiliar, las más pobres, las que no tienen empleo ni acceso a información de calidad.

Con este fallo, lograremos que ellas lleguen más temprano a los centros de salud y que todas las mujeres, sin distinción, reciban información, métodos anticonceptivos y puedan así prevenir embarazos no deseados.

Un ejemplo para América Latina

Esta decisión también beneficiará a las personas migrantes.

La Corte reconoció, tal y como argumentamos en la demanda, que la penalización “impacta de manera diferencial – más evidentemente desproporcionada– a las mujeres más vulnerables, entre estas aquellas en situación de migración irregular”. Teniendo en cuenta que muchas mujeres de la vecina Venezuela están huyendo de su país también con necesidades insatisfechas en materia de salud sexual y reproductiva, este fallo se convierte en un ejemplo no solo para Colombia, sino para toda la región.

Esperamos que, como sucedió en 2006, cuando la corte despenalizó el aborto en tres circunstancias, Colombia se convierta nuevamente en una referencia para América Latina y el Caribe.

Con este fallo esperamos también contribuir a que siga avanzando la tendencia regional a reducir el uso del derecho penal para regular el aborto, tal como sucedió en Argentina y, más recientemente, en México. Estamos convencidas de que la ‘marea verde’ es imparable.

Desde Women’s Link y Causa Justa trabajaremos para que esta decisión no se quede en el papel. También exigiremos la creación de una política pública integral que permita a las mujeres, niñas y personas gestantes tener opciones y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y garantías reales para que quienes desean ser madres tengan un embarazo saludable.

Son las mujeres las que saben lo que es mejor para sus vidas. El Estado debe respetar sus decisiones.

Valeria Pedraza es abogada, magíster en derecho y filósofa de la Universidad de los Andes. Es integrante de Women’s Link Worldwide, una organización que usa el poder del derecho para avanzar en los derechos de niñas y mujeres, y una de las abogadas que promovieron la demanda de Causa Justa ante la Corte Constitucional de Colombia, que logró la eliminación del delito de aborto hasta la semana 24.