Ex-Presidenta Brasileña Dilma Rousseff durante entrega oficial del Relatório de Proteção Social para uma Globalização Equitativa e Inclusiva con ex-presidenta chilena Michelle Bachelet

“No pidan paridad, ustedes son guapas sin ninguna ley” Horacio Cartes, Presidente de Paraguay

El 11 de marzo de 2018 se terminó el mandato presidencial de Michelle Bachelet en Chile y América Latina se quedó de nuevo sin presidentas. Este hecho despertó merecida atención tanto por parte de la prensa regional como internacional (La República, Infobae, New York Times, BBC, El País, entre otros).

Las próximas elecciones presidenciales en la región no pronostican que esta situación vaya a cambiar, dado que las principales candidatos a presidente en Colombia y México son de hombres.

Las elecciones presidenciales del pasado domingo 22 de abril en Paraguay, en este sentido, son muy ilustrativas: hubo diez candidatos a presidente y ninguna mujer (solo una candidata a vicepresidenta).

El foco nacional de estos análisis ignora a menudo lo que pasa con los cargos ejecutivos de elección popular a nivel subnacional. Estos cargos no son mediáticamente tan interesantes y, por consiguiente, reciben mucha menos atención.

En cierta medida, el debate sobre las medidas de acción afirmativa (cuotas de género) y/o el principio de paridad para las cámaras legislativas nacionales (las mujeres representan casi el 30 por ciento en los congresos) suele eclipsar lo que ocurre a niveles inferiores en los que la presencia de mujeres es, en la mayoría de los casos, igual de limitada.

La presencia de las mujeres en los cargos ejecutivos a nivel subnacional intermedio es escasa en toda la región.

A nivel de los ejecutivos locales, en 2016, las mujeres ocupaban sólo el 13,4 por ciento de los cargos en América Latina. A nivel regional, este porcentaje no llega al 10%. 

De nuevo, los resultados de los recientes comicios paraguayos son reveladores. Ninguno de sus 17departamentos va a ser gobernado por una mujer durante el periodo 2018-2023. De hecho, de los 34 candidatos presentados por los dos partidos tradicionales (Asociación Nacional Republicana y Partido Liberal Radical Auténtico) solo uno era una mujer.

La actual ausencia de gobernadoras representa un retroceso con respecto a las tres elecciones anteriores (2003, 2008, 2013), en las que salió siempre elegida una gobernadora. Y el Distrito Capital de Asunción ha tenido una sola intendenta desde 1989.

El caso de Paraguay no es un patrón particular. La presencia de las mujeres en los cargos ejecutivos a nivel subnacional intermedio es escasa en toda la región. En Argentina, solo en cuatro de las 23 provincias tiene gobernadora (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco tiene una Jefa de Gobierno).

En Brasil, hay solo una gobernadora (en el estado de Roraima); en México, como en Brasil, hay una sola gobernadora de un total de 26 (en el estado de Sonora). Y en Venezuela, hay cinco gobernadoras de un total de 23 estados y, una mujer es también Jefa de Gobierno del Distrito Capital de Caracas.

En los países no federales, los datos muestran una tendencia similar. En Bolivia, ninguno de los nueve departamentos es gobernado por una mujer; en Colombia, cinco mujeres se desempeñan como gobernadoras de un total de 32.

En Ecuador, solo una de las 24 provincias (Orellana) está gobernada por una prefecta. En Perú, hay una sola presidenta regional en Arequipa de un total de 24. En Uruguay, solo una mujer ocupa el cargo de intendenta departamental, en Lavalleja, de un total de 19.

En Chile, donde el intendente regional no se elige por voto popular, el presidente Piñera recientemente ha nombrado cinco mujeres en este cargo ejecutivo de un total de 15.

Los cargos ejecutivos del nivel intermedio son claramente “cosa de hombres” y es curioso que, en términos porcentuales, las mujeres tienen paradójicamente mayor presencia en Chile, donde estos cargos (todavía) no se eligen por voto popular.

Estas cifras vienen a demostrar que la política subnacional no es necesariamente más abierta las mujeres. Ciertamente, a este nivel, el “premio” político es menor y, por tanto, los cargos deberían ser menos atractivos y competidos, el costo económico de hacer la política a escala regional se supone que es también menor y los sacrificios en términos de vida familiar no tan altos.

La política subnacional es en muchos casos controlada por caciques locales y sus “redes de viejos amigos” que actúan como “guardianes” y bloquean el acceso de las mujeres a las candidaturas. 

Sin embargo, la política subnacional es en muchos casos controlada por caciques locales y sus “redes de viejos amigos” que actúan como “guardianes” y bloquean el acceso de las mujeres a las candidaturas. Y cuando las incluyen, suelen ubicarlas como trofeos, pensando que son sumisas y leales y poco capaces para liderar de manera autónoma los espacios de poder.

En términos generales, estas mujeres, enfrentan las mismas barreras que sus compañeras políticas en otros niveles. Suelen sufrir las consecuencias de prejuicios y estereotipos de género, falta de recursos económicos y de redes personales y/u organizacionales propias, y son objeto de situaciones de violencia política en razón de género.

Por otra parte, la presencia de mujeres en el cargo presidencial o un alto porcentaje de congresistas en el poder legislativo nacional no repercute necesariamente a una mayor representación subnacional femenina: la presencia de las mujeres no se traslada automáticamente entre niveles institucionales ni entre espacios territoriales.

En Brasil, el número de gobernadoras disminuyó durante el gobierno de Dilma Rousseff (2010-2016) con relación al segundo mandato de Lula da Silva (2002-2010) y en Chile el presidente Sebastián Piñera (2018-2022) ha nombrado más intendentas que Michelle Bachelet (2014-2018) durante su segundo mandato.

Por otro lado, en países con el principio de paridad vertical y una alta presencia de mujeres en el congreso como Bolivia o Ecuador, no hay casi mujeres en los cargos ejecutivos subnacionales de nivel intermedio. Esto sugiere que la lógica de acceso de las mujeres al poder es diferente tanto entre los distintos niveles como entre diferentes tipos de cargos electivo.

[Paraguay] cuenta con una cuota de género muy débil en términos comparativos, dado que exige solo el 20% de presencia de mujeres en las listas.

En Paraguay, la representación política de las mujeres a nivel subnacional resulta desalentadora. El país cuenta con una cuota de género muy débil en términos comparativos, dado que exige solo el 20% de presencia de mujeres en las listas para las elecciones internas (aunque algunos partidos políticos han adoptado voluntariamente un porcentaje más alto que va hasta el 50%), lo cual no garantiza su presencia y ubicación en las listas electorales.

La selección de candidaturas funciona como un filtro adicional que dificulta el acceso de las mujeres a la participación política.

En un contexto donde al menos seis países latinoamericanos han adoptado el principio de paridad de género en el acceso a las candidaturas, es evidente que dicho principio no es suficiente para que las mujeres tengas igualdad de oportunidades para competir por un cargo de representación política.

Desde 2015, Paraguay cuenta con un esfuerzo colectivo importante bajo la égida del Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD), cuyo fin es promover la paridad de género en las listas para las elecciones internas de los partidos politicos (aunque no para las listas electorales generales).

El GIPD congrega transversalmente mujeres de todos los partidos (y otro tipo de organizaciones) del espectro ideológico y le apoyan organizaciones internacionales como ONU Mujeres, PNUD Paraguay, y un conjunto de organizaciones sociales locales nacionales.

En base de la experiencia comparada y los resultados de las elecciones para los gobiernos departamentales del domingo 22 de abril, parece evidente que una nueva ley de paridad debería incluir no sólo la paridad vertical para los cargos plurinominales (alternancia de género en las listas) sino también la paridad horizontal, exigiendo que las candidaturas para un mismo nivel (sea para cargos uninominales, como gobernadores o intendentes, o plurinominales, como listas de diputados en los respectivos distritos) sean integradas también de manera paritaria.

La exigencia de paridad horizontal está legislada de momento en alguna de sus formas solo en Bolivia, Costa Rica y México, pero vistos los datos de representación política de las mujeres en los cargos ejecutivos subnacionales, se debería convertir en el nuevo horizonte para toda la región.

En Paraguay, la nueva institucionalidad ayudaría a mejorar la ausencia de gobernadoras departamentales (y la baja presencia de intendentas a nivel local) y la igualdad política de mujeres en el país en general.

Tras un esfuerzo de más de tres años, la Ley de Paridad Democrática fue sancionada con la paridad vertical y horizontal por el Senado a principios de marzo de este año.

La ley necesita ahora ser aprobada sin postergaciones y sin modificaciones por la Cámara de Diputados saliente y promulgada por el presidente. Ésta podría ser una de las últimas acciones importantes del presidente (y futuro senador), a pesar de su nefasta opinión sobre la Ley de Paridad y las condiciones de igualdad en el país.

Aunque imperfecta (principalmente por aplicarse solo en las elecciones internas de candidaturas de los partidos políticos), esta Ley es un gran avance respecto de la legislación vigente en Paraguay.

En caso de que no se aprobara en este período legislativo, la nueva Cámara de Diputados debería aprobar esta necesaria ley. Asimismo, el nuevo presidente, Mario Abdo Benítez, debería acompañar y apoyar esta iniciativa, tal como se comprometió en la campaña electoral.

La nueva Ley convertiría a Paraguay en uno de los países con legislación más avanzada en la región y permitiría a las mujeres competir en política en condiciones más igualitarias.