Durante más de la mitad de su vida, Linda Loaiza López Soto ha tenido un propósito: que se haga justicia en su caso. Ella, la sobreviviente de crímenes de violencia contra la mujer más conocida del país, todavía no ha conseguido que el Estado venezolano responda a su tragedia, pero sí logró que lo hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hace cuatro años dictó una serie de medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción que benefician y dignifican tanto a ella como a su entorno, acompañadas de unas garantías de no repetición con alcance nacional que permitirían que las mujeres venezolanas se sientan más protegidas.

Para comprender las reparaciones de la Corte, hay que volver a la historia de Linda Loaiza. En marzo de 2001, cuando tenía 18 años, un hombre la secuestró y la mantuvo en cautiverio durante cuatro meses mientras la torturaba, la hacía su esclava sexual y abusaba de ella física y psicológicamente. El culpable, Luis Carrera Almoina, hijo del reputado académico Gustavo Carrera Damas, recibió una condena en 2006 de seis años de prisión y salió en libertad dos años después, cuando un tribunal decidió que ya había cumplido su pena. 

Linda Loaiza no se detuvo en su empeño por frenar la impunidad. En noviembre de 2007 llevó su causa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde que ocurrieron los hechos, ella y su familia se habían dedicado a documentar su historia y todos los insumos le sirvieron para que, tres años después, su proceso fuese elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo siempre tuve la expectativa de que teníamos todos los elementos jurídicos para demostrar, ante el Sistema Interamericano, que el Estado venezolano era el responsable de las diversas violaciones cometidas en contra de mí y de mi familia”, señaló López Soto, quien estudió Derecho a lo largo de su proceso judicial y se convirtió en abogada.

La audiencia ante la Corte se llevó a cabo en febrero de 2018. En septiembre de ese mismo año, los jueces deliberaron sobre esta causa y sentenciaron que Venezuela incumplió con el deber de prevención de este tipo de delitos, así como con sus obligaciones estatales de prohibir la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Determinaron que el Estado tampoco llevó a cabo la investigación con celeridad y la víctima no tuvo acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues los hechos fueron juzgados dentro de un marco normativo discriminatorio e incompatible con la Convención Americana porque se permitió que el debate se centrara en especulaciones sobre la vida de Linda Loaiza y no sobre el esclarecimiento de los hechos que terminaron afectando hasta a sus familiares.

En cuanto a las reparaciones, la Corte exigió uno de los pendientes clave para la protección de la mujer: que se dictara el reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está en mora desde que se sancionó la legislación en 2007. También pidió que se pusieran en funcionamiento adecuadamente los Tribunales de Violencia contra la Mujer en cada capital de estado, así como la adopción, implementación y fiscalización de los protocolos para la investigación y atención integral de mujeres víctimas de violencia y de las capacitaciones y cursos, de carácter permanente y obligatorio, que deben recibir los funcionarios que trabajan en el área.

La Corte ordenó además que se incorporara al currículo nacional del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades educativas, un programa de educación permanente bajo el nombre de “Linda Loaiza”, y que se pusiera en marcha de forma inmediata un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las mujeres en todo el país.

“La naturaleza de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos busca que no solamente sean beneficiadas las víctimas más allá de reparaciones, que nunca se cumplen. Esto es un beneficio individual como para la sociedad”, aseguró la víctima.

Tal como señala el análisis “La violencia contra las mujeres en las producciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, todas estas reparaciones se acogen a los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se refieren a obligaciones estatales que van desde actuar con diligencia para prevenir y sancionar todos actos de violencia contra las mujeres, garantizar que dispongan de “mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales” e implementar acciones en pro de la erradicación de “la discriminación contra las mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus sociedades”.

Lejos de reparar a Linda Loaiza, las autoridades venezolanas han permanecido en silencio y, desde 2016, se desconocen las cifras oficiales de violencia contra la mujer. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han registrado el ascenso de los asesinatos por razones de género. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indicó que solo entre 2020 y 2021, los feminicidios saltaron de 212 a 290 en todo el país. Las estadísticas de Monitor de Víctimas en Caracas apuntan que, mientras que en 2018 estos casos representaban 0,9% de los homicidios perpetrados en la capital, en 2021 pasaron a ser 2,5% del total de las muertes violentas.

Reparaciones inexistentes

Aunque la Corte Interamericana y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, de la ONU) han determinado que las reparaciones son un elemento clave en los casos de violencia de género, el libro “Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela”, redactado por las organizaciones Acceso a la Justicia y Cepaz, indica que este elemento, que debería ser la finalidad de este tipo de procesos judiciales, es inédito en la justicia venezolana porque esta se centra exclusivamente en las sanciones. 

“Ello ocurre debido a la ausencia total de centralidad en la víctima y de una falta de entendimiento sobre la importancia de las reparaciones”, se lee en el libro. El documento también subraya que las dificultades para acceder a la justicia y la revictimización constante hacen que las víctimas no las soliciten.

“El contenido de la obligación de reparar de forma integral a las víctimas de estos delitos no es una concesión realizada por las autoridades, sino que es uno de los estándares internacionales que el Estado tiene la obligación de cumplir, de modo que su inclusión no es discrecional por parte del Estado”, señala el libro.

El informe “Situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas a la luz de las Observaciones Finales de la CEDAW de 2014”, publicado en febrero pasado por Provea, destaca que esta falla se evidencia con la negativa de las autoridades judiciales a cumplir con la sentencia de la Corte sobre el caso de Linda Loaiza, la primera sobre violencia contra la Mujer contra Venezuela. “A tres años de esta histórica decisión, el Estado está en total desacato con las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, pecuniarias y garantías de no repetición en este caso”, señala.

Linda Loaiza confimó que el único contacto que ha recibido en los últimos cuatro años (cuando se dictó la sentencia) desde la Fiscalía General, fue un correo emitido días después de que publicara su libro “Doble crimen: tortura, esclavitud sexual e impunidad”, en el que ella y la experta en temas de género Luisa Kislinger explican con detalle todo lo sucedido. El episodio ocurrió en 2021, en medio de la pandemia, cuando por orden del gobierno de Nicolás Maduro en el país todavía se limitaban actividades presenciales de cualquier índole en aras de evitar más contagios por Covid-19. Por esa razón, la víctima pidió que la reunión en el despacho oficial a la que se le invitaba, y cuyo motivo nunca se aclaró, se hiciera online. Sin embargo, jamás recibió respuesta a su petición.

Para Linda Loaiza, acudir al Sistema Interamericano fue “una oportunidad para ser escuchada como víctima por jueces imparciales, donde sientes que te escuchan dignamente, donde se garantizan la defensa de tus derechos”. Sin embargo, sabe que el alcance de este logro tiene un límite. “Mientras no haya cumplimiento de esa sentencia todo queda impune. Es un saludo a la bandera”, aclaró. Todos los plazos para que se cumplieran las reparaciones de su caso vencieron hace dos años.