Mujeres representando a víctimas de esterilización obligatoria durante el gobierno de Alberto Fujimori, protestan contra su hija, Keiko Fujimori, candidata presidencial, en el centro de Lima, Perú, el martes 31 de mayo 2016. (AP Photo /Maríin Mejía)
En el Perú se creyó estar muy cerca –en realidad, se estaba muy lejos– de acabar con un pasado siniestro representado por el fujimorismo cuando, gracias a la presión de la sociedad civil, el país viró hacia una institucionalidad democrática en el año 2000. Ocurrió después de que a sus ciudadanos se les impusiera un proyecto autoritario y corrupto, políticamente oscurantista, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)[1], y de que fuesen golpeados profundamente por la violencia de organizaciones terroristas (el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y de las fuerzas armadas, durante los años ochenta y noventa del siglo pasado.
Pero visto ese periodo en la distancia, el país no llevó a cabo el debate necesario sobre lo que significaba construir una sociedad incluyente, exigente y abierta. Hacerlo de verdad hubiera implicado sentar las bases de los procedimientos democráticos básicos para que una competencia justa y limpia en las lides electorales sea posible. Se trataba, también, de acometer el desafío fundamental que representa el afianzamiento del Estado de derecho. Por el contrario, ante la debilidad de la legalidad constitucional heredada y el abuso sistemático, persistieron abiertamente la pasividad institucional y las arbitrariedades de los poderes públicos/privados. Es más: se continuó gobernando bajo una Constitución nacida del fujimorismo, llevándose a cabo una componenda socio-política –la instrumentalización de la democracia para arraigar fines autoritarios a largo plazo– y económica –el neoliberalismo, con una vocación contraria a toda agenda social–, sin que tuviera lugar cuestionamiento alguno a sus premisas e implicaciones.
