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La evidente fragmentación del progresismo chileno con miras a las elecciones del próximo 19 de noviembre resulta verdaderamente paradójica. El panorama se produce después de cuatro años de gobierno de Michelle Bachelet, quien conquistó por segunda vez la presidencia en el año 2013 con el programa más progresista jamás escrito e imaginado por una coalición de centroizquierda desde el retorno a la democracia en 1990. Esa segunda victoria se produjo luego de que los cuatro partidos integrantes de la Concertación de Partidos por la Democracia (Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, y Partido Radical Socialdemócrata) incluyeran en su coalición al Partido Comunista. Se estableció así la Nueva Mayoría. El triunfo en las urnas hacía prever un gobierno que avanzaría significativamente en una agenda progresista. Obtuvieron 20 de 28 senadores (53%) y 67 de 120 diputados (56%). Sumando a los independientes de izquierda, la cifra quedaba en 55% y 58% respectivamente. En tanto, Michelle Bachelet obtuvo un 46,7% en primera vuelta, y un contundente 62% en segunda vuelta.
A muy poco andar se hizo evidente una fractura al interior de la coalición gobernante. Grupos con posiciones más conservadoras reclamaban políticas económicas más proclives al mercado, una mayor gradualidad y una agenda más agresiva en torno al crecimiento. Otro grupo, de posturas más progresistas, demandaba, por el contrario, acelerar los impulsos transformadores del gobierno. Estas divisiones provocaron abruptos cambios de gabinete, postergación de algunos proyectos, y tensiones entre los partidos de la coalición. La agenda de cambios institucionales incluyó el cambio del sistema electoral por uno más proporcional, la reforma a la educación primaria y secundaria, el establecimiento de la gratuidad universitaria para los sectores más pobres del país, la despenalización del aborto en tres causales, el establecimiento de la acción afirmativa para mujeres en la competencia electoral, y el inicio de un proceso constituyente para establecer una nueva constitución, entre otras muchas cuestiones.
