Cuando conocí a Eduardo[1], dos semanas antes de las elecciones presidenciales colombianas, toda nuestra conversación giró en torno a su miedo a los resultados de la votación, y cómo la elección del nuevo presidente afectaría sus intenciones de quedarse o abandonar el país. Tras entrevistar a muchas personas migrantes venezolanas que vivían en Bogotá y en Cúcuta como parte de mi investigación de doctorado, Eduardo no fue la primera en contarme sobre su insatisfacción con Petro, el primer candidato progresista en llegar a la presidencia de Colombia.
En un primer momento, simplemente asocié su aprensión a la aversión de larga data que tantas personas venezolanas tienen a cualquier político asociado a la izquierda, especialmente cuando se trata de un país vecino con muchos lazos históricos compartidos, como Colombia.
Pero nuestra segunda conversación aportó más matices al análisis simplista que había hecho yo hasta aquel momento: el principal temor de Eduardo no estaba vinculado exactamente a quién sería el presidente elegido, sino a la precariedad de su estatus migratorio en el país de acogida. En otras palabras, él sentía que su seguridad y la de su familia estaban sujetadas a las voluntades del líder de turno, y para alguien que acababa de huir de la persecución política, esta posibilidad era aterradora.