Cuando conocí a Eduardo[1], dos semanas antes de las elecciones presidenciales colombianas, toda nuestra conversación giró en torno a su miedo a los resultados de la votación, y cómo la elección del nuevo presidente afectaría sus intenciones de quedarse o abandonar el país. Tras entrevistar a muchas personas migrantes venezolanas que vivían en Bogotá y en Cúcuta como parte de mi investigación de doctorado, Eduardo no fue la primera en contarme sobre su insatisfacción con Petro, el primer candidato progresista en llegar a la presidencia de Colombia.

En un primer momento, simplemente asocié su aprensión a la aversión de larga data que tantas personas venezolanas tienen a cualquier político asociado a la izquierda, especialmente cuando se trata de un país vecino con muchos lazos históricos compartidos, como Colombia.

Pero nuestra segunda conversación aportó más matices al análisis simplista que había hecho yo hasta aquel momento: el principal temor de Eduardo no estaba vinculado exactamente a quién sería el presidente elegido, sino a la precariedad de su estatus migratorio en el país de acogida. En otras palabras, él sentía que su seguridad y la de su familia estaban sujetadas a las voluntades del líder de turno, y para alguien que acababa de huir de la persecución política, esta posibilidad era aterradora.

¿Qué hay por detrás de los temores de Eduardo y de tantas otras personas migrantes? ¿Están ligados a la precarización del refugio en América Latina y alrededor del mundo?

A pesar de una larga tradición de protección a migrantes forzados, la extensión del estatus de refugiado a personas venezolanas rara vez se ha utilizado en América Latina. En cambio, la mayoría de los países del continente han recurrido a los llamados mecanismos de protección temporal.

Colombia, destino de la mayoría de la población desplazada de Venezuela, fue uno de los primeros países de la región en adoptar este tipo de política: en 2017, instituyó el PEP (Permiso Especial de Permanencia), que otorgaba el derecho de residencia y trabajo por hasta dos años a cualquier persona venezolana que hubiera ingresado al país hasta julio de 2017, siempre y cuando lo hubiera hecho a través de un puesto fronterizo regular, sellando su pasaporte.

Tras su implementación, siguieron varias rondas de regularización, pero los niveles de irregularidad en el país se mantuvieron en niveles altos y se estima que el 56% de la población venezolana que vivía en Colombia estaba en situación irregular en 2020. En un esfuerzo por reducir esta tasa, Colombia anunció en 2021 un nuevo permiso temporal, que otorgó a los venezolanos el derecho a residir y trabajar en el país por hasta diez años, llamado PPT (Permiso por Protección Temporal).

El nuevo documento incluía a cualquier persona, independientemente del modo de entrada, desde que hubiera llegado hasta principios del 2021, además de aquellos/as que ingresaran regularmente durante los próximos dos años. Elogiado internacionalmente como parte de una política humanitaria integral, el ETPV (Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos) parece, de hecho, ejemplar: no está sujeto a largos procedimientos burocráticos; permite el acceso al trabajo formal; no requiere una infinidad de documentos para su solicitud; beneficia a las personas que no tienen pasaporte y cuenta tiempo para la residencia permanente.

El nuevo documento es presumiblemente tan ventajoso que a aquellos/as que tienen solicitudes de refugio en curso se les pide que abandonen sus procesos en favor de la protección temporal. Pero ¿por qué a algunas personas les da tanto miedo tomar esa decisión?

En Colombia, a los solicitantes de asilo (titulares de un salvoconducto) no se les permite trabajar, aunque tengan residencia regular en el país, y en la práctica a algunas niñas, niños y adolescentes también se les niega el acceso a la educación básica, como se muestra en el testimonio a continuación. Como en tantos otros países, los procedimientos de solicitud de asilo son largos y las decisiones pueden tardar de dos a tres años, aunque nadie sepa con certeza la duración del proceso.

Una vez establecido el ETPV, quienes habían solicitado refugio recibían una oferta por tiempo limitado: por un lado, residencia temporal inmediata, con acceso a trabajo formal. Por otro lado, una solicitud de asilo con resultados inciertos, sin acceso al empleo formal mientras tanto, pero que traía consigo la posibilidad de obtener una protección verdaderamente estable. En otras palabras, el Estado colombiano les pide a las personas que elijan entre su supervivencia inmediata o la protección definitiva; y la decisión no puede no tardar mucho:

Sí, me dan un salvoconducto y me permiten estar legal dentro de Colombia, pero no puedo trabajar [...] no puedo meter a mi hija en la escuela con el salvoconducto, porque no lo aceptan [...], así que en este momento el problema es que tengo que decidir– o sigo con el proceso para el PPT y descarto el refugio, o sigo con el refugio y descarto el PPT. ¿Dónde está mi miedo? El refugio me asegura a mí que a hora que sea yo puedo irme a ACNUR y me pueden recibir o enviarme a otro sitio que me garantice seguridad. El PPT, no [...] Incluso si gana Rodolfo [candidato de derecha], sigo con la incertidumbre de qué es mejor. Si el PPT o el refugio, porque el PPT no tiene la estabilidad que tiene el refugio. (Eduardo, migrante venezolano, Cúcuta)

Los mecanismos de protección temporal no son una invención latinoamericana. Han existido durante al menos veinte años y actualmente se adoptan en diferentes regiones del mundo, desde Turquía hasta los Estados Unidos. Creados como respuesta a contextos de desplazamiento masivo, donde los procedimientos de determinación de la condición de refugiado se consideran inviables, los mecanismos de protección temporal funcionan bajo el supuesto de que algunas crisis tienen duración limitada y que, por lo tanto, la concesión de asilo sería innecesaria.

Sin embargo, varios estudios han demostrado cómo estos nuevos permisos y visas en realidad están reemplazando el asilo, creando una nueva clase de refugiados precarios, condenados a vivir en el limbo por períodos indeterminados. En América Latina, estos mecanismos son extremadamente intestables, siendo regulados en gran medida por instrumentos ad hoc como decretos presidenciales, resoluciones normativas y, a veces, incluso actualizaciones de sitios web, lo que los hace particularmente propensos a cambios abruptos.

Este fenómeno forma parte de una tendencia contemporánea más amplia, en la que la gobernanza de la movilidad se encuentra cada vez más basada en políticas fragmentadas y contradictorias, procesos de superposición de directrices y combinación de normas formales y informales.

La mayoría de los analistas parecen estar de acuerdo en que es extremadamente improbable que el próximo gobierno colombiano, que ha reiterado su compromiso con los derechos humanos, revoque o restrinja sustancialmente los derechos de las personas que poseen permisos de protección temporal. Sin embargo, no está claro si sería posible hacerlo "legalmente". O sea, si un decreto tiene el poder de crear un permiso de residencia, ¿podría otro decreto extinguirlo?

Además, a diferencia del refugio, la protección temporal no impide la deportación, lo que significa que, al menos en teoría, el derecho a permanecer en el territorio nacional sigue siendo en gran medida susceptible a decisiones discrecionales. Además de la precariedad de su estatus, la ausencia de propuestas sobre la política migratoria de Colombia durante la carrera presidencial también ha contribuido a la incertidumbre de las personas migrantes frente a su futuro en el país.

Al final de nuestra conversación, Eduardo me comentó que había enviado una carta a Cancillería, preguntando si sería posible mantener el PPT mientras esperaba la resolución de su solicitud de asilo. Si se aprobara, elegiría el estatuto de refugiado. La solución de Eduardo es razonable, ya que no presupone una elección, siendo similar a lo que se aplica actualmente en Estados Unidos con la TPS (Estatus de Protección Temporal). Sin embargo, la respuesta más directa sería el reconocimiento prima facie de la condición de refugiado a personas venezolanas, basado en los principios de la Convención de Cartagena, una política que solo se adoptó en Brasil y México.

En cambio, la palabra refugio parece estar lentamente desapareciendo del vocabulario de los gobernantes latinoamericanos. Las nuevas categorías utilizadas, aunque a menudo acompañadas de hermosos adjetivos como "humanitario", "especial" y "democrático", designan formas de protección significativamente más precarias.

Así, las transiciones de poder en los países de destino - más allá de sus resultados políticos - potencian una sensación de incertidumbre que es muy anterior y que deriva de la aguda percepción, como en el caso de Eduardo, de que las reglas del juego, en cualquier momento, pueden cambiar.

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[1] El nombre real del participante ha sido reemplazado por un pseudónimo para proteger su confidencialidad