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La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR, nació en 1995 como consecuencia de la criminalización del trabajo sexual en los espacios públicos de la Capital Federal, una subsidiaria de Buenos Aires. Nosotras las trabajadoras sexuales nos organizamos para luchar por nuestros derechos después de haber sido sometidas a todo tipo de abusos como exclusión, discriminación y ser tratadas como marginadas. Meses más tarde, nos unimos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), donde continuamos activas hasta el día de hoy. En 1997, también nos convertimos en parte de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (RedTraSex).

Se dice que la Argentina adoptó oficialmente un enfoque abolicionista, lo que significa que, en principio, no penaliza el ejercicio de la prostitución en sí, sino a terceros que explotan la prostitución ajena. Los burdeles fueron prohibidos en 1936 por la ley 12.331, y otra legislación posterior criminalizó efectivamente en 19 provincias el trabajo sexual en la calle y en espacios privados. Esto demuestra los estrechos límites entre los modelos abolicionistas y prohibicionistas.

En Argentina, el trabajo sexual se ejerce en apartamentos privados, pubs y clubes de baile, en la calle; de manera autónoma y a través de terceros. En algunos casos, experimentamos explotación laboral —lo mismo puede decirse de muchas otras trabajadoras y trabajadores— y la falta de regulación de nuestra actividad nos expone a persecución y abusos policiales. Para luchar por nuestros derechos, nuestra organización ha adoptado una serie de estrategias como una propuesta de ley, trabajar para construir alianzas políticas; ofrecer asistencia diaria en asuntos legales y de salud, y repartir condones. También difundimos nuestras iniciativas, como protestas públicas o debates, a través de nuestras propias redes sociales y medios públicos. Una de nuestras iniciativas más recientes ha sido la creación del Observatorio de Violencia Institucional hacia el Trabajo Sexual (OVITS) y el lanzamiento de una línea directa a través de la cual las trabajadoras sexuales pueden presentar denuncias de violencia institucional.

AMMAR también funciona como un sindicato, aunque legalmente no puede serlo, dada la falta de regulación del trabajo sexual. Esta forma de autoorganización nos permite a nosotras y a nuestras 6000 afiliadas enfatizar el hecho de que somos trabajadoras. También nos ha dado estructura en siete provincias, donde nuestras camaradas seleccionan a nuestras representantes. Para hacer este trabajo, contamos con el respaldo de varias agencias internacionales, incluyendo el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; la Fundación Sombrilla Roja; la Fundación Friedrich Ebert; ONUSIDA y la Fundación Levi Strauss.

Luchar contra la tendencia regresiva

Es importante destacar que, desde el año 2011, se ha instalado en Argentina un poderoso grupo de presión política contra la trata, junto con nuevas leyes que no diferencian la trata de personas de la explotación sexual y el trabajo sexual. Estas políticas tenían como objetivo abordar el mercado del sexo en su conjunto y nosotras, las «mujeres vulnerables», no sabíamos cómo avanzar contra un monstruo tan grande que venía a quitarnos la voz y ocupar nuestros espacios políticos. El 5 de julio de 2011, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 936, que prohibía la publicación de servicios sexuales en anuncios publicitarios.

Con un trazo de birome, restringió, en medio de una democracia, la libertad de expresión de miles de nosotras. Nunca fuimos invitadas a discutir esta legislación. Posteriormente, los lugares de trabajo sexual comenzaron a ser clausurados provincia por provincia, a través de acciones llevadas adelante principalmente por aquellas legisladoras y organizaciones abolicionistas que encabezan la lucha contra la trata. En 2012, otra política diseñada para controlar la trata de personas requirió que personas de República Dominicana obtuvieran una visado para ingresar al país con permiso legal.

Los teléfonos de AMMAR no dejaron de sonar; pero no era la prensa que quería escuchar nuestra opinión sobre estas nuevas políticas, eran nuestras camaradas. Nos dimos cuenta de que estábamos lidiando con una decisión política inquebrantable, por lo que nos pusimos a trabajar para organizar a nuestras colegas. Gracias a estas nuevas políticas, ahora hay muchas más trabajadoras sexuales organizadas en Argentina. Qué paradoja: se nos prohibió ejercer el trabajo sexual, pero nos organizamos como trabajadoras sexuales.

Nuevas leyes, nuevas alianzas, nuevas tácticas

Sabiendo que teníamos cada vez menos espacios en los que trabajar sin ser amenazadas por clausuras y sanciones legales, aceleramos el proceso para presentar nuestra propia propuesta de ley. Terminamos en octubre de 2013. Se funda en la premisa de que el estado argentino no considera el trabajo sexual como una actividad ilegal. En consecuencia, propone regular el trabajo sexual en el país y otorgar a trabajadoras sexuales de edad legal —incluidos los trabajadores y trabajadoras transgénero y migrantes— derechos laborales, como el acceso a fondos de jubilación y beneficios de salud. También incluye una forma de gestionar lugares para el trabajo sexual que cumplan con los requisitos de supervisión, salud e higiene.

Al principio, presentamos nuestra propuesta solas: ninguna otra organización o sindicato apoyó nuestras demandas. Al contrario, la campaña contra la prostitución se había vuelto tan fuerte que nuestras propias camaradas, que habían presenciado el nacimiento y el crecimiento de la organización, comenzaron a cuestionar nuestras demandas. Fuimos en busca de nuevas posibilidades, pero tropezamos con un feminismo académico tan experimentado que quedamos asustadas, creyendo que incluso el feminismo quería decidir sobre nuestros cuerpos. 

Durante mucho tiempo, nos mantuvimos alejadas de esos espacios. Pero un día, mientras las redadas, las clausuras y la propaganda contra el trabajo sexual continuaban sin cesar, dos antropólogas se presentaron tímidamente en nuestra organización con una propuesta. Querían ayudarnos a mantener un registro de la indignación institucional que estábamos experimentando. Al principio, dudamos, desconfiamos; pero luego aceptamos, y no nos equivocamos. Nos trajeron de vuelta a espacios que habíamos abandonado, nos mostraron otro feminismo, uno que nos apoyó.

Propusimos nuevas alianzas. Ganamos el apoyo de la comunidad LGBT, entre ellos muchas trabajadoras y trabajadores sexuales trans. Les siguió un grupo queer —que nos apoyó como representantes de una comunidad minoritaria hermana, perseguida por nuestra sexualidad— y sindicatos que nos reconocieron como trabajadoras y trabajadores, algunos de los cuales son miembros de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Junto con estas organizaciones, en forma reiterada, hicimos campañas por nuestros derechos laborales en lugares públicos, perseverando a pesar de que a menudo recibíamos reacciones que parecían bofetadas.

No nos dimos por vencidas y decidimos continuar con otro tipo de acción: facturar por nuestros servicios, como si el trabajo sexual fuera una categoría legal. El proyecto de ley es el símbolo del trabajo legal y formal en nuestro país, y es por eso que llevamos a cabo una campaña el Primero de Mayo de 2015 —Día del trabajador y la trabajadora— en la que facturamos nuestros servicios sexuales a políticos y periodistas reconocidos. Queríamos demostrar que nuestro acceso a los derechos laborales era posible sin cambiar toda la ley, sino simplemente agregando la categoría de trabajo sexual en el registro del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).

Los resultados fueron mejores de lo que podríamos haber esperado: representantes políticos que no nos habían escuchado antes nos recibieron, y los medios cubrieron nuestras demandas de derechos laborales como un tema relevante. La campaña de facturación ganó el premio de comunicaciones EIKON 2015 de la revista Imagen (una revista de relaciones públicas y comunicaciones en español).

Todavía no hemos tenido éxito en incluir el trabajo sexual en el registro del Ministerio de Trabajo, y como no estamos seguras de cómo será el contexto político en el futuro, seguimos luchando. También planificamos la presentación de un nuevo proyecto de ley nacional para regular el trabajo sexual autónomo y luchar contra nuevas políticas locales, como multas para clientes de trabajo sexual en la capital de la provincia de Mendoza. Ha habido muchas reacciones negativas a nuestro activismo, pero no nos hemos quedado quietas y nos hemos fortalecido aún más. Aquí estamos, muchas más voces exigiendo acceso a nuestros derechos laborales.

Translated by Julieta Mendive

This article is published as part of the 'Sex workers speak: who listens?' series on Beyond Trafficking and Slavery, generously sponsored by COST Action IS1209 ‘Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance' (ProsPol). ProsPol is funded by COST. The University of Essex is its Grant Holder Institution.

BTS en Español has been produced in collaboration with our colleagues at the Global Alliance Against Traffic in Women. Translated with the support of Translators without Borders. #LanguageMatters