Este artículo forma parte de la sección El proceso de paz: de principio a fin, dentro del proyecto conjunto entre DemocraciaAbierta y el IFIT “Construcción de paz en Colombia: lecciones de los negociadores”.

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Diseño del proceso 

Existía un acuerdo general en que, si no se abordaba el tema de las drogas, no habría una solución pacífica para Colombia. Al poner el tema de las drogas ilícitas en un contexto territorial, los negociadores pudieron comenzar a construir lo que sería la implementación general del acuerdo. Se crearon muchas expectativas en torno a este punto 4 de la agenda, y durante la fase exploratoria se pudieron explorar punto por punto.

Durante la fase de exploración, el título del ítem de la agenda fue muy general, lo cual en ese momento de las negociaciones era de esperar para un tema tan espinoso. Luego, los negociadores comenzaron a trabajar a partir de documentos elaborados por expertos sobre el tema de las drogas y el crimen organizado, que mapeaban el problema de las drogas en el país. Los negociadores necesitaban comprender la evolución del problema de las drogas en Colombia para poder entender cómo podría afectar al país en el futuro. Estos documentos abordaron el aumento de la producción de coca y la necesidad de encontrar una solución real para los campesinos que viven y trabajan allí. Había solo referencias muy genéricas al consumo real de drogas, a diferencia de los temas más relevantes como el cultivo y el tráfico, porque el consumo no estaba claramente vinculado al conflicto. 

Ambas partes abordaban la cuestión de las drogas bajo una prisma diferente. Para las FARC, se trataba de una política transnacional más amplia y le daba un enfoque global de lucha contra las drogas. El gobierno, por otro lado, priorizó el tema del crimen organizado, porque veía el conflicto armado como el mayor problema al que se enfrenta Colombia. Cuando las FARC dejen sus armas, argumentó el Gobierno, Colombia podrá manejar la violencia y el crimen asociados con el narcotráfico. Las dos partes fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre que, en ese momento, el crimen organizado era el tema importante a enfocar.

Las negociaciones y los desafíos 

El desafío más difícil del punto 4 fue lograr que las FARC estuvieran de acuerdo en declarar públicamente que cortarían cualquier vínculo que, como consecuencia de la rebelión, pudieran haber tenido en el pasado con las redes de tráfico de drogas. Afortunadamente para los negociadores, este compromiso de reconocimiento por parte de las FARC era un aspecto tan crítico para todo el acuerdo, que estaban seguros de que lo alcanzarían. Sin embargo, esa fase de disociación era todavía bastante compleja. En esta etapa, Noruega, uno de los países garantes, jugó un papel muy importante para acercar a las partes ante la larga fase de implementación. Las partes tuvieron que dedicar unas pocas semanas a redactar y llegaron a acuerdos muy rápidamente: cómo reemplazar los cultivos de producción de drogas, cómo implementar este reemplazo y cómo tratar a los trabajadores agrícolas involucrados en el cultivo, afectados por la implementación de los acuerdos. Si finalmente la cuestión del consumo se trató en medio día, la negociación general fue mucho más difícil, y se alargó dos semanas. 

Otro momento difícil de la negociación de este punto se produjo al abordar el tema de la aspersión aérea de herbicidas como parte del programa del gobierno para la erradicación de cultivos ilícitos. El gobierno no estaba dispuesto a revisarlo como parte de las negociaciones, porque era un tema demasiado controvertido como para abordarlo durante las negociaciones, pero tras una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de herbicidas fue prohibido y se cerró el asunto.

Mecanismos de construcción de confianza (MCC)

En este momento, los MCC estaban relacionados con los aspectos de implementación de la sustitución de cultivos ilícitos en la vereda El Orejón, donde también se llevaban a cabo actividades de desminado. El desminado del territorio era importante, pero la segunda prioridad era determinar la cantidad de coca sembrada en el territorio. Además, era importante examinar la dinámica del mercado de coca y las implicaciones que éste tenía para el desminado integral. El gobierno propuso llevar a cabo esta acción como un programa piloto. Finalmente, poco tiempo después de que las partes habían acordado sobre este punto, las FARC comenzaron a trabajar para cambiar la realidad del territorio. 

Las FARC, junto con el gobierno, comenzaron a ir a El Orejón para aprovechar la dinámica de trabajo que ya se había establecido y trabajar con los jornaleros en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Esta presencia era necesario dadas las condiciones del territorio y los grandes cambios que tenían que hacerse en granjas remotas que abarcan una vasta área geográfica. Esto proporcionó una gran oportunidad para comprender cómo el gobierno podría comenzar a trabajar con las comunidades. Este experimento proporcionó también muchas pistas sobre cómo trabajar en colaboración, cómo las FARC podrían contribuir a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y, sobre todo, cómo comprender el impacto del cambio en las comunidades locales. Hoy sigue siendo un gran desafío para las FARC venir y trabajar con la comunidad, y esto continuará requiriendo un enfoque dinámico a lo largo del tiempo.

Refrendación

Algunos sectores de los que votaron 'No' hablaron sobre este punto de la agenda, pero no con la misma intensidad con la que abordaron otros temas de mayor importancia. El gobierno abordó el problema escuchando todas las propuestas, copiando todos los documentos y leyéndolos párrafo por párrafo. Fue un ejercicio técnico muy interesante, aunque muy costoso y lento. A pesar de estas dificultades, después de leer cada propuesta y crear posteriormente nuevas propuestas, la organización alcanzó un resultado muy claro.

Sobre el tema de drogas ilícitas y el crimen organizado, la oposición a lo acordado por parte de los que votaron 'No' se formó en torno a cinco cuestiones clave: 

1) El alcance de la contribución de las FARC al narcotráfico en el país. La oposición también reiteró específicamente la necesidad de que las FARC presenten información sobre el tráfico de drogas; 

2) El enfoque legal con respecto a los productores. De ninguna manera podría interpretarse que el acuerdo les otorga la oportunidad de llevar a cabo actividades ilegales. Esto fue difícil, pero necesitaba ser grabado en piedra; 

3) La cuestión de aclarar y reiterar que el gobierno nacional no había renunciado a sus instrumentos para poner fin al cultivo ilícito de cultivos, y que no renunció a la aspersión aérea; 

4) La aclaración del reconocimiento de las FARC con respecto a la justicia y cómo se juzgarán los casos de narcotráfico, asunto que está mucho más relacionado con el punto 5 (justicia transicional), pero que sin embargo se superpone con este tema; y 

5) Consumo de drogas (aunque esto se discutió menos intensamente que los otros cuatro puntos). 

Hubo modificaciones importantes del acurdo sobre este punto después del referéndum sobre el tema de las drogas y el crimen organizado. El cambio más sustancial se relacionó con la justicia. Sin embargo, también fue importante reiterar el compromiso de las FARC y garantizar que el gobierno colombiano no abandonara las aspersiones aéreas. Todos estos ajustes se incorporaron al acuerdo final.

Implementación y validación 

Si bien se estaban implementando los arreglos institucionales y legales para aplicar todas las medidas sobre el tema de las drogas ilícitas, el desafío a corto plazo era encontrar una manera de ir a los territorios más remotos para comprender qué tan rápido se estaba moviendo el proceso allí. Las FARC ya habían abandonado algunas áreas, que luego no se vigilaron, y donde se siguieron dando cultivos ilícitos en Colombia, por lo que la pregunta fue: ¿Qué medidas podemos tomar que no violen el acuerdo, pero que también representen acciones concretas para frenar el cultivo de drogas ilícitas?

Uno de los desafíos fue cómo lograr esto con un presupuesto limitado, y cuánto tiempo estos territorios podrían realmente esperar a que el gobierno resuelva situaciones violentas que tienen que ver con el crimen organizado. Otro gran desafío es la seguridad. Los grupos de crimen organizado no van a renunciar a este lucrativo negocio sin que obtengan a cambio otros incentivos, y ciertamente no lo harán por una cuestión basada en un principio ideológico. Son una máquina productora de violencia que amenaza con retrasar todo el proceso de paz. Por lo tanto, el tema de la seguridad para este punto es muy complejo, puesto que los medios de subsistencia de muchos actores están en juego. Los campesinos se han visto atrapados en actividades ilícitas por mera subsistencia, pero los que están detrás de la industria son rentistas que no permitirán que su negocio se desmorone. 

También existía un desafío adicional en torno a cómo cambiar la mentalidad del cultivador hacia la recepción de subsidios. En lugar de "dádivas", el gobierno se comprometió a desarrollar estas regiones rurales y garantizar que lleguen nuevas oportunidades a sus comunidades, beneficiando a todos y no solo a unos cuantos. Esto significó, por supuesto, un gran compromiso por parte del gobierno, y exigió que las comunidades que se dedicaban al cultivo ilícito tuvieran mucha fe en este proyecto de desarrollo.

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