En armonía con el crecimiento general de las fuerzas políticas populistas y de extrema derecha en todo el mundo desarrollado, Israel lleva casi una década dominado por coaliciones de derecha. Al igual que en otros países, como Turquía y Rusia, al enfrentar una disminución de la popularidad o fracasos en sus políticas, la derecha emprende repetidos esfuerzos para desviar el fuego y dirigirlo hacia las ONG progresistas y de derechos humanos. Enmarcar a estas organizaciones como una quinta columna, después de todo, es matar dos pájaros de un solo tiro. En primer lugar, atribuye la culpa de una realidad inquietante a alguien más en lugar del gobierno. En segundo lugar, obliga a los críticos más acérrimos y profesionales del gobierno (los activistas políticos, académicos y ONG progresistas) a estar a la defensiva, con lo que acallan o frenan a la oposición.
Esta táctica resurgió en Israel recientemente con un proyecto de ley impulsado por una Ministra de Justicia de extrema derecha, la Sra. Ayelet Shaked, la cual exige a las ONG que reciben apoyo de gobiernos extranjeros que informen ese detalle en cada documento público que emitan, y que porten gafetes especiales cuando estén presentes en el Parlamento. Convenientemente, resulta que todas las organizaciones de este tipo son progresistas.
Dejando de lado, por un momento, la veracidad y la importancia de las protestas en contra del proyecto de ley, el debate también ofrece una oportunidad para examinar la filantropía política en Israel en un contexto más amplio, tanto en el pasado como en la actualidad.
