En Venezuela, las coberturas de violencia sexual implican riesgos particulares para periodistas, víctimas y acusados. Es fundamental conocer estos obstáculos para embarcarse en investigaciones rigurosas que cumplan su meta: informar acerca de las dinámicas que dan pie a distintos tipos de violencias basadas en género.

“Llevo cinco años cubriendo distintos tipos de violencia, y las coberturas de violencia sexual tienen unos riesgos muy particulares. En los últimos dos años, por ejemplo, ningunas coberturas han sido tan desgastantes y problemáticas como mis últimas investigaciones de denuncias de abuso”. Marcela pide ocultar su nombre real, pero habla abiertamente acerca de los retos que ha enfrentado en sus últimos proyectos. Es una periodista venezolana especializada en violencia y género y ha cubierto casos de violencias sexuales en Venezuela, Colombia , Chile y Argentina. “En Venezuela es donde he encontrado más resistencia, y por supuesto, más oportunidades a problemas legales”.

Según Marcela, uno de los obstáculos más relevantes es la infantilización de las coberturas de violencia sexual. Efectivamente, esto es algo a lo que la mayoría de las periodistas que trabajan con un enfoque de género pueden confirmar. “Cubrir violencia sexual no es cubrir violencia”, me dijo alguna vez un periodista venezolano en Colombia. “Ninguna cobertura de violencia sexual tiene tanta relevancia o implica tantos riesgos como cubrir crimen o sucesos en Venezuela. Las coberturas de abusos sexuales son básicamente coberturas de un rumor”. Con este comentario, este periodista que se desempeña en reportar violencias ejercidas en poblaciones de riesgo pone en el tapete algunos de los puntos más reiterativos de la desinformación en torno a la violencia sexual en Venezuela.

No se puede negar que el desconocimiento, la estigmatización y la infantilización de violencias predominantemente feminizadas abundan aún en círculos de periodistas y comunicadores, muchos de ellos especializados en la cobertura de violencias sociales y estatales en la región, lo que da pie a una serie de obstáculos que tienen origen dentro del mismo panorama periodístico en el país.

Este mismo periodista, por ejemplo, pocas semanas después de esta conversación cubrió dos manifestaciones feministas en Caracas, donde se presentaría la performance chilena “El violador eres tú”. En la cobertura de ambas manifestaciones, este periodista hostigó a las manifestantes, especialmente las que protestaron con el pecho al descubierto, les hizo preguntas acerca de su cuerpo (“¿Por qué tienes pelo en las axilas?, ¿Por qué las feministas están en contra de las mujeres bonitas?”) estimulando comentarios burlones y hasta violentos cuando publicó las fotos en sus redes sociales personales. En su cobertura no mencionó las denuncias de las víctimas de violencia sexual a manos de autoridades policiales, la petición de información oficial, y los reclamos en contra del sistema judicial venezolano.

“Las víctimas de violencia de género y abuso sexual son distintas incluso a víctimas de violaciones de otro tipo de derechos humanos. Las víctimas de abuso sexual siempre temen hablar y ser juzgadas por periodistas y a tener que exponerse a preguntas que puedan omitir realidades de su experiencia”, explica Gabriela Buada, activista, comunicadora social y coordinadora general de Calidoscopio Humano. Si tomamos en cuenta que, según el informe de la OMS: Prevención de la violencia de pareja y sexual contra la mujer. Cómo actuar y generar evidencias, la mayoría del público obtiene su conocimiento sobre las agresiones sexuales a través de los medios de comunicación, este periodista con una enorme plataforma de seguidores sirvió para inhibir una conversación necesaria acerca de los derechos sexuales y el rol del estado en la prevención y reparación de los crecientes casos de violencia sexual en el país. También usó su plataforma para re-victimizar a quienes hablaron abiertamente de sus experiencias y para deslegitimar a las activistas.

Sin embargo, estos prejuicios de parte de comunicadores sociales nos pueden servir para más que para cuestionar las prácticas periodísticas que todavía se ven en Venezuela. Nos puede ayudar a reconocer mejor los obstáculos que podemos enfrentar como periodistas, a entender cómo las comunidades se enfrentan a estas líneas de investigación, y plantea preguntas clave para lograr nuestro objetivo: informar adecuadamente acerca de las dinámicas que dan pie a distintos tipos de violencias basadas en género.

Informar en un sistema autoritario

Quizás el riesgo más relevante en las coberturas de violencia sexual en Venezuela es el uso de las investigaciones de periodistas para justificar la persecución política hacia los acusados, o en el peor de los casos, para generar investigaciones legales en contra de las denunciantes o activistas que prestan apoyo o contención. Este mismo año han ocurrido dos casos llamativos en este aspecto: el caso de Alexandra Hidalgo y el de Vanessa Rosales.

Alexandra Hidalgo denunció en 2004 a su ex esposo por haber organizado una violación grupal en contra de ella. En septiembre de 2021, 17 años y cuatro juicios después, el acusado quedó absuelto de los delitos de secuestro y violación y, a su vez, se le abrió una investigación penal a Alexandra por usar su nombre de forma difamatoria. Esto no solamente afecta a Alexandra, que se expone a un nuevo proceso legal, largo y costoso y a ser detenida; sino que pone a quienes cubren, investigan o hacen activismo en favor de las víctimas de violencia sexual en una situación restringida a la hora de hacer pública las denuncias e información de los casos que están en proceso legal en Venezuela.

Vanessa Rosales es una activista feminista especializada en los derechos reproductivos. En 2020, una de sus alumnas de 13 años se acercó a ella con su madre. A la niña la habían violado en reiteradas ocasiones, había quedado embarazada, y ella y su madre deseaban terminar el embarazo no deseado producto de prácticas abusivas. Vanessa otorgó información para llevar a cabo la terminación del embarazo y fue enfática en su recomendación de poner la denuncia de la violación en la fiscalía.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado: Vanessa y la madre de la víctima fueron detenidas por otorgar información para el aborto, mientras que el agresor quedó libre 48 horas después de su detención por falta de evidencia. Aunque este caso atenta contra las prácticas del activismo, el caso de Vanessa Rosales llama la atención por la forma en la que se criminalizó el acceso a la información y el acompañamiento, cosa que también puede exponer a periodistas a intimidaciones y procesos legales en Venezuela como estrategia normalizada para defender a los acusados. “El caso de Vanessa Rosales prendió las alarmas y me hizo notar los riesgos que se corren”, explica María Laura Chang, “Vanessa lo que hizo fue ayudar a una persona a acceder a un conocimiento.

La detención de Vanessa genera un impacto negativo en quienes cubren el tema.” Gabriela Buada también resalta experiencias de acoso digital en coberturas de casos de violencia de género: “En cuanto a represalias, burlas y ataques, he sufrido ataques principalmente en twitter. Lo vimos con mucha frecuencia en la cobertura del femicidio de Angela Aguirre. Sufrimos una campaña de desprestigio y me atacaron personalmente a lo largo del seguimiento e investigación”.

Magdymar León, coordinadora general de AVESA, explica que los ataques contra activistas o periodistas que cubren casos de abuso sexual son, lamentablemente la norma y no casos excepcionales. De hecho, lo resalta como uno de los patrones más relevantes cuando enumera los riesgos que se toman al hacer este tipo de coberturas: “Siempre existe un riesgo a diversas formas de violencia por parte de la persona señalada como agresora, sus familiares o personas allegadas contra quienes llevan a cabo estas investigaciones. Pueden ser violencia física, psicológica y más frecuentemente, que se quiera desacreditar a la activista. También pueden darse situaciones de violencia sexual”.

Hablar a pesar de la vergüenza

Aunque la obtención de los testimonios de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual es una parte fundamental del proceso de investigación, es también una de las fases más difíciles de lograr. “Siempre he estado renuente a hablar con prensa. Lo hice, hace cinco años cuando mi caso estaba reciente, y la experiencia fue muy dolorosa”, explica Amaranta, quién también pidió que su identidad fuera resguardada.

Amaranta es de Barinas, y es una sobreviviente de violación de parte de un conocido de su familia con quien, en ese momento, también compartía entorno laboral. Amaranta acudió a la prensa cuando empezó a ver irregularidades en el proceso legal: “Lo hice sintiéndome muy desesperada, y me topé con varios periodistas que me hicieron preguntas muy inapropiadas y publicaron cosas que pedí específicamente que no lo hicieran, además, con algunos errores. Entonces la defensa empezó a usar esos testimonios en prensa para alegar que mi testimonio no era consistente, que yo estaba dando datos falsos a la prensa, y que eso podía ser considerado difamación. Fue muy duro tener que enfrentar las amenazas. Tardé mucho tiempo en recuperarme del ataque. Nuestras familias eran cercanas y hubo muchas complicaciones. Sentí que quienes me tenían que ayudar lo estaban haciendo todo mal”.

Una de las particularidades de la violencia sexual es que suele ejercerse por personas cercanas a la persona afectada. Esto quiere decir que los riesgos de hablar con prensa son más altos que cuando denuncian otro tipo de violencia. Una persona que denuncia un acto de violencia física de parte de un desconocido en la calle, por ejemplo, se ve sometida a menos miedo y presión que una víctima de abuso sexual que quiera denunciar a un familiar, un jefe o una persona influyente. Por otro lado, en una sociedad tan conservadora como la venezolana, hablar de experiencias sexuales, abusivas o no, tiene un grado de dificultad particular, especialmente para las mujeres y personas de orientaciones e identidades diversas.

En mi experiencia y en casi todas mis investigaciones de denuncias de abuso sexual, las entrevistadas han usado la palabra “culpa”, “vergüenza” o “miedo” para responder a la pregunta de por qué han tardado en denunciar la situación de abuso. Estos sentimientos expresados por las víctimas se deben tomar en cuenta para establecer una buena relación entre las víctimas y la prensa, y puede convertirse a su vez en un obstáculo para esclarecer los hechos planteados en el testimonio.

Tampoco debemos dejar de lado los elementos culturales que pueden obstaculizar el levantamiento de testimonios. La religión de la víctima o sobreviviente, por ejemplo, puede ponerla en riesgo por hablar de forma pública o privada acerca de un acto sexual consumado fuera de los parámetros establecidos por su entorno. En este aspecto, hay que pensar muy bien, e informar a la persona entrevistada y tener los permisos adecuados de las partes involucradas para manejar la identidad de quienes ofrecen su testimonio.

María Laura Chang resalta la importancia de reconocer las implicaciones del tipo de violencia que ha sufrido la persona entrevistada: “Una persona que haya sufrido acoso o violencia sexual, es sometida a un menosprecio y una invisibilización a esa violencia que sufrió. Hay que entender que no todas las víctimas se reconocen como víctimas. Las relaciones estrechas con el victimario dificultan el panorama de la denuncia, porque hay un vínculo sentimental entre la víctima y el agresor. Hay que entender que no todas las víctimas de violencia de género denuncian desde el mismo lugar; hay que respetar los silencios y el tiempo de espera que la víctima considere necesario.

El desgaste emocional que genera hacer largas entrevistas con víctimas o investigar patrones en casos de abuso sexual, para lo cual se necesita hacer entrevistas a dos o más sobrevivientes del mismo caso, también se debe considerar no solo de parte de quienes investigan los casos, sino también de parte de los jefes de redacción que pautan este tipo de historias. Jesús Piñera, por ejemplo, creció en un entorno de violencia de género, y para él las coberturas que implican cualquier forma de violencia contra la mujer es un detonante emocional.

El desconocimiento vulnera

La falta de datos oficiales divulgados por el Estado venezolano es uno de los grandes obstáculos para entender el panorama de violencia sexual en Venezuela y aproximarse a las denuncias no como casos aislados, sino como problemas sistemáticos de todo el territorio nacional.

“Debemos enfatizar la falta de obtención de estadísticas de denuncias de casos de violencia contra la mujer”, explica Sara Fernández Rivero, especialista en derechos humanos y género y abogada de CEPAZ. “El Instituto Nacional de Estadísticas tiene una sección que debe recabar estadísticas de género, pero no lo hace ni propone datos género-sensitivos.

Igualmente, las fiscalías no recaban las estadísticas necesarias y esos números son indispensables para hacer un diagnóstico de la situación de violencia en el país. El desglose de esos números también es fundamental para entender cómo ocurren esos hechos, los perfiles de los agresores y las víctimas, y para generar una política mucho más completa por parte del estado”.

A falta de datos oficiales, las investigadoras dependen de los datos levantados por organizaciones no gubernamentales o movimientos sociales que, la mayoría de las veces, cuentan con fondos mínimos para costear el trabajo.

Por otro lado, los derechos a la salud sexual y reproductiva son fundamentales para la supervivencia de muchas mujeres; pero el desconocimiento de ellos resulta en la normalización de los comportamientos violentos, dificulta la denuncia, y se convierte en un obstáculo a la hora de levantar testimonios.

En la ola de denuncias de abuso sexual en redes sociales en mayo de 2021, se contaron más de 600 denuncias en Twitter e Instagram. Muchas de ellas se hicieron de forma anónima, por lo que era difícil contactar directamente a las denunciantes; y aunque muchas se esforzaron en explicar su denuncia con detalle, pruebas y, a veces, hasta testimonios de testigos, algunas eran denuncias desestructuradas y fundamentadas en términos incorrectos que, por ejemplo, confundían términos como acoso, abuso, violación. Es por eso que algunos medios hicieron un esfuerzo por difundir glosarios para entender el abuso sexual, que sirvieran como guía para quienes cubren las denuncias y para favorecer el conocimiento (y la protección) de quienes se aventuraban a contar públicamente sus experiencias de abuso.

El desconocimiento de los derechos sexuales no solo expone a la violencia a personas en situación de vulnerabilidad, sino que dificulta su aproximación al sistema de justicia, prensa o hasta amigos y familiares cercanos en los que pueden buscar apoyo y contención. María Laura Chang, periodista venezolana especializada en derechos sexuales y reproductivos con experiencia en la cobertura de casos a lo largo de la región latinoamericana, explica que uno de los principales obstáculos para ella es el desconocimiento que existe sobre los derechos que amparan a las mujeres a nivel internacional.

“Todavía muchas personas piensan que los casos y las agresiones se deben ver de forma aislada, cuando sabemos que la mayoría de los estados de la región son firmantes de tratados que los obligan a proteger a las mujeres de este tipo de violencia. Hay mucho desconocimiento y a veces uno da por sentado que las personas manejan esta información y no es así. Hay que tener cuidado contextualizando la información y que se comprendan las responsabilidades estatales que apuntan a disminuir este tipo de violencia”.

Por otro lado, pocos medios en Venezuela ofrecen talleres de derechos humanos con perspectiva de género para sus periodistas, formaciones que deberían ser generales y no solo para reporteros enfocados en problemáticas de género.

Jesus Piñero, periodista que cubrió el testimonio de una de las víctimas de Luis Carrera Almoina, conocido por muchos popularmente como el “Monstruo” de Los Palos Grandes, cuenta que no ha recibido formación profesional de los medios donde trabaja para la cobertura de este tipo de historias: “Sí he recibido apoyo de mis editores, que me han aconsejado y acompañado. Pero todo ha sido muy rústico y no ha habido una enseñanza formal para la cobertura de estos temas o para manejar el desgaste emocional que conlleva”.

El rechazo social a los derechos fundamentales

Claro está que la falta de acceso a la información afecta profundamente la forma en la que percibimos nuestros derechos sociales. Actualmente, los movimientos feministas venezolanos, que son que abogan por los reconocimientos de los derechos sexuales en el país, entre otros, se enfrentan además a un escenario de resistencia y violencia hacia sus luchas y peticiones.

Actualmente no hay una agenda de género en el país desde ninguna de sus facciones partidistas. Tanto el gobierno como los partidos que se le oponen han hecho declaraciones públicas en torno a la poca importancia que le prestan a los temas de género en sus respectivas agendas y se han referido a las luchas de género como “temas no prioritarios en el país”.

Sin embargo, a pesar de que Venezuela vive actualmente un contexto de gobernabilidad autoritaria y una de las peores emergencias humanitarias de la región, la implementación de discursos que avalen los derechos de las mujeres y poblaciones sexo y genero diversas son fundamentales para evitar los impactos diferenciados del contexto nacional. Esta postura política permea en la sociedad, por lo que es común encontrar respuestas desestimantes, burlonas, intimidantes y hasta violentas contra activistas, investigadoras y periodistas especializadas en género.

María Laura Chang explica cómo las periodistas muchas veces no encuentran espacios seguros para defender los derechos de las mujeres: “Cuando hice la cobertura del caso Garzón [el caso de una inmigrante venezolana violada en una entrevista de trabajo en Buenos Aires], me tuve que salir de grupos de periodistas en Argentina por la ridiculización, el desconocimiento y la re-victimización que se les hace a las mujeres. Por otro lado, durante la cobertura de ese caso también fui sometida a violencia digital, porque psicovivir [influencer venezolano con una enorme plataforma de redes sociales en la que postea información antiderechos] compartió un tweet que yo había hecho, incitando a sus seguidores a la burla y el acoso. Tuve que poner privada mi cuenta por la cantidad de mensajes de odio que recibí”.

Andrea Paola Hernández, periodista y activista feminista afrovenezolana, comparte experiencias similares: “Encuentro, de forma cotidiana, mucha resistencia cuando hago comentarios feministas en redes sociales. Es común también que la respuesta sea muy violenta y personalizada en mi contra. Me pueden insultar por mi físico, mi raza o mi línea de investigación”.